Por: Prensared. / En la tarde del jueves se realizó una multitudinaria marcha por el centro de la ciudad en rechazo al accionar policial en la provincia. Mas de 50 organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos e independientes adhirieron a la medida. La concentración llegó hasta el Panal donde se leyó un documento con fuertes críticas a De la Sota. Además, se exigió la renuncia del jefe de la policía Julio César Suarez.

Redacción – Prensared.
Unas 7 mil personas marcharon ayer por el centro de Córdoba para expresar su repudio a la razzia policial del último fin de semana y las políticas represivas del gobierno de la provincia de Córdoba.
La manifestación partió desde Colón y General Paz, atravesó el centro de la ciudad y finalizo en Casa de Gobierno, donde las organizaciones convocantes leyeron un documento conjunto en el que criticaron en duros términos la gestión provincial, a la que tildaron de “marketing electoral de campaña” para generar una “sensación de seguridad”.
Las críticas también llovieron sobre el jefe de la policía provincial, al que exigieron su renuncia y recordaron la imputación que pesa sobre su figura por amenazar al periodista del multimedio SRT, Dante Leguizamón.
Durante el desarrollo de la marcha, se escucharon numerosas consignas de protesta hacia el inconstitucional “código de faltas”. También hubo reclamos a la justicia por su complicidad con el poder político y la falta de acción para resolver crímenes “dudosos” que involucran a policías.
Las profundas diferencias político-ideológicas, entre las organizaciones participantes de ésta marcha, fueron dejadas de lado para expresar de manera conjunta el repudio a la represión policial y las políticas de seguridad del gobernador Jose Manuel de la Sota.
“No se puede asociar la represión con la seguridad. Tener más policías reprimiendo no resuelve el problema de la inseguridad, más si los uniformados solo se limitan a llenar listas y no existe un trabajo de prevención que actúe antes de que se produzca el delito. Nosotros no estamos a favor del delito ni de los delicuentes, estamos en contra de la violación a los derechos humanos y las garantías constitucionales “, expresó Irene Santesteban, ex secretaria general del sindicato de judiciales.
Por su parte, Liliana Montero, legisladora del Frente Cívico, dijo que “lo que ha pasado el fin de semana es gravísimo. Esperamos la intervención del ministerio público, del fiscal general de la provincia. Aquí ha habido atropello a las garantías constitucionales de los ciudadanos y nos parece que la justicia no puede mirar parea otro lado”.
“Hay que terminar con la criminalización de los jóvenes y de los pobres, no es de ésta manera como se combate la inseguridad. La seguridad es necesaria pero no a costa de palos a los pobres. Hay que dar trabajo y educación a todos”, agregó “Vitín” Baronetto, ex preso político durante la última dictadura y militante de DDHH.

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