Vecinxs de zona sur de la Ciudad de Córdoba esperan que este mes les cite el juez federal Vaca Narvaja a una audiencia de conciliación, que se espera sea pública. Es por el amparo ambiental que presentaron a fines de 2016 por estar Porta emplazada de manera ilegal en el barrio. A tres semanas de haberse presentado el informe del relevamiento sanitario que demostró el incremento de enfermedades en la población cercana a la planta de Porta, lxs vecinxs esperan que la audiencia frené la contaminación. Este viernes rondaran la plaza San Martín con barbijos en busca de justicia.
En el Enredando las mañanas, hablamos con Silvia Cruz, vecina de Barrio San Antonio e integrante de la asamblea de VUDAS que nos explicó los avances del Juicio por el amparo ambiental que presentaron contra la Secretaría de Energía de la Nación por no tomar medidas ante la denuncia que la asamblea realizó en 2015 por estar Porta emplazada de manera ilegal en el barrio. A tres semanas de haberse presentado el informe del relevamiento sanitario que demostró el incremento de enfermedades en la población cercana a la planta de Porta, lxs vecinxs esperan que este mes les cite el juez federal Vaca Narvaja a una audiencia de conciliación, que se espera sea pública.
Resulta que a fines del año pasado, lxs vecinxs de Barrio San Antonio presentaron un amparo ambiental, y Silvia lo explica afirmando: “nosotros estamos trayendo al banquillo de los de acusados a la Secretaría de Energía de la Nación, le estamos diciendo que ellos son responsables de la ilegalidad de Porta. Porque allá por el 2015 fuimos a Buenos Aires y les dijimos que aquí había ilegalmente una planta de bioetanol, y el bioetanol lo regula la Nación”. Por ello, la denuncia recae directamente sobre Nación y como co-demandado Porta, porque como consecuencia de la negligencia estatal y empresarial: “Porta hoy por hoy enferma a nuestros niños, y murió Olivia”, expresa la vecina integrante de VUDAS.
Nos explica Silvia que en el caso de los amparos ambientales el mecanismo es como el de cualquier juicio: se prevé, primero, una instancia de conciliación entre las partes. Pero para este caso particular “lo que se está pidiendo, lo pide la defensora público oficial Mercedes Crespí, y lo pedimos nosotros a través de nuestros abogados es que esa audiencia no solamente sea de conciliación entre las partes”. Lxs vecinxs han solicitado al Juez Federal Vaca Narvaja una audiencia abierta: “que se entiende por abierta que pudieran estar más organizaciones, más técnicos, y por supuesto, toda la prensa, ¿no? Porque aparte, los medios de comunicación son los que tienen que ver, tienen que ser los oídos de lo que sucede. No puede ser a puertas cerradas. No se nos ocurre que algo tan, tan importante, para la sociedad sea a puertas cerradas”, sostenía la entrevistada.
Cuando le preguntamos a Silvia si tenían alguna citación, o manejaban alguna fecha oficial de la audiencia, afirmó que no. La semana pasada trascendió en un medio comercial que sería en 20 días. Aún no han tenido citación ni comunicación alguna al respecto. No obstante agregó Silvia: “es un amparo y lo venimos arrastrando desde el año pasado. No puede demorar mucho más en resolverse. Además que con el nuevo relevamiento [sanitario] en donde el diagnóstico y el futuro nuestro es muy oscuro, es muy preocupante, amerita con la responsabilidad que le corresponde al juez, en determinar cuanto antes una solución”. Y recuperando lo que trascendió informalmente la semana pasada, Silvia afirma que “la audiencia que no pasaría mucho más allá, tal vez, de los primeros días de junio o dentro de este mismo mes”.
Finalmente la vecina de Bº Parque San Antonio cerró nuestra conversación en el Enredando las mañanas con un mensaje que redunda en las luchas sociales: “estamos muy preocupados, los tiempo de la justicia no son los tiempos de la gente que padece”. Y fue contundente: “no hay justicia para los que fallecieron, no hay justicia para un padre que perdió a su hijo, no hay justicia para un padre que sufre aborto espontaneo, no hay justicia para la familia Aguilar que están enfermos, no hay justicia para el que sufrió y padeció durante 5 años. Pero, por lo menos, que las cosas cambien y que los responsables y los contaminadores se hagan cargo de sus actos. Aquel que tenía la responsabilidad, como el Estado, ya sea por culpa o por una omisión -que también es responsable-: tiene que pagar, tiene que darle a la sociedad una devolución, y a los enfermos una remediación. Hay muchos niños que tienen que afrontar muchos costos de operaciones, y nosotros somos gente sencilla y trabajadora. Y esas mamás, a veces, ni trabajo tienen. Me parece que cabe que el Estado y, sobretodo, los empresarios contaminantes se hagan cargo de los damnificados”.
Este viernes rondaran la plaza San Martín con barbijos en busca de justicia en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto, junto a las Madres de Barrio Ituzaingó.