Juicio a los magistrados: “esperamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias”

 

(Foto: La Tinta) Los imputados en esta causa son el exfiscal Antonio Cornejo, el exjuez Miguel Ángel Puga, el exsecretario penal Carlos Otero Álvarez y el exdefensor oficial Ricardo Haro. Todos continuaron ejerciendo sus cargos luego del retorno democrático. Los encargados de juzgar a estos funcionarios serán los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, quienes integran el Tribunal Oral N° 2. La fiscalía estará representada por Carlos Gonella y Facundo Trotta. Esta causa se origina en el desglose de la causa principal que en 2010 juzgó y condenó a los responsables de los fusilamientos de la cárcel de Barrio San Martín entre abril y octubre de 1976.

Ambos entrevistados coinciden en señalar que la particularidad de esta postergada causa es que quienes se encuentran en el lugar de los acusados para ser juzgados por delitos de lesa humanidad son, por primera vez en Córdoba, miembros del poder judicial. Esta circunstancia es la que dio lugar, explica Oliva, a que se la conociera como la “causa maldita”, ya que, continúa, “no empezaba nunca por la serie de dilaciones y reacciones corporativas que hubo por parte del poder judicial que se pone en un lugar de imposibilidad prácticamente de juzgar a sus propios pares”.

El periodista señala que esto hizo que los funcionarios conservaran sus cargos en la justicia muchos años después del retorno de la democracia que y se llegara a paradojas tales como el hecho de que Carlos Otero Álvarez, “quizás el principal acusado en este juicio por haber sido secretario penal del Juzgado Federal N°1 en tiempos que era Juez Adolfo Zamboni Ledesma, integrara el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad en el 2008”.

Lo que posibilitó el trato privilegiado que recibieron los funcionarios judiciales y que evitó que fueran juzgados en 2010 junto con los demás responsables materiales e intelectuales de los fusilamientos, fue la decisión que tomó la jueza de instrucción Cristina Garzón de Lascano de instruir la causa por separado. Al hacer esto, continúa aclarando Oliva, “dio pretexto a todo lo que ha sido una secuela de inhibiciones o impugnaciones, algunos por amistades íntimas, otros por enemistad, otros recusados por la propias partes, que terminó derivando en que esto se juzgue siete años después y con condiciones que no son las mejores”. Con las condiciones, el periodista se refiere a que la exposición mediática será mucho menor que la de la causa original y que incluso el contexto político ha variado, en el sentido de que en aquel momento era “un contexto de avanzada, por lo menos en términos en DDHH relativos al terrorismo de estado, y en este caso es un contexto de retroceso”.

Oliva aclara asimismo que en esta causa debe demostrarse que los delitos fueron efectivamente cometidos, ya que esto ya fue probado en el primer juicio, sino que lo que se deberá esclarecer es “hasta qué punto estas personas, conociendo eso, podrían haber actuado o deberían haber actuado para evitarlo. La figura que se les aplica es encubrimiento, desglosado en abuso de autoridad, incumplimiento del deber de denunciar, esa sería la complicidad”.

Alexis plantea que la acción de los funcionarios judiciales fue de un involucramiento tal que en algunos casos hasta firmaron las órdenes de traslado que permitían al III Cuerpo del Ejército sacar a los presos de la cárcel para después fusilarlos en supuestos intentos de fuga. En relación a esto, plantea que podría ser “creíble que la primera vez que ocurre esto los funcionarios judiciales hayan actuado de buena fe y hayan creído en la versión que el Ejército les daba. Pero no en siete u ocho ocasiones con el mismo libreto insólito, de que siempre las víctimas eran los trasladados, nunca había ninguna víctima de los atacantes ni tampoco de los que los trasladaban de las fuerzas de seguridad. Entonces lo que se plantea desde la acusación es que el accionar de los funcionarios judiciales permitió que esto se prolongara en el tiempo. Por eso es un crimen de lesa humanidad, porque fue parte del plan sistemático de exterminio de opositores políticos en aquellos años”.

Junto al periodista se encontraba el querellante Luis Miguel “Vitín” Baronetto, esposo de Marta González, una de las asesinadas en el último fusilamiento colectivo del 11 de octubre de 1976. Luego de saludar y alentar el trabajo de los medios alternativos desde los sectores populares, “Vitin” Baronetto señaló que esta causa tiene una mayor complejidad que otras donde “los imputados son militares y policías, porque de algún modo a militares y policías hay una condena social que contribuye, facilita el camino para que la institucionalidad democrática ponga el sello oficial a esa condena aplicando las leyes. En este caso, es más difícil porque deben aplicar esas mismas leyes a miembros del poder que debía aplicar las leyes y que no las aplicaron en aquellos tiempos por colaboracionismo, complicidad o coautorías con el terrorismo de Estado”.

Baronetto, quien es a su vez ex Director de DDHH de la Municipalidad de Córdoba, comentó que se está invitando a la comunidad en general a participar de las audiencias. porque sostienen “que la justicia si no tiene una presencia de pueblo que acompañe los procesos judiciales, a veces mira para otro lado, se le cae la venda de un ojo y del otro no. Entonces, la presencia de víctimas, de familiares de víctimas y de público en general es la manera de garantizar que la justicia sea completa, porque este juicio viene de algún modo a completar algo que ya se debiera haber hecho antes”.

La lectura del querellante es que en ese momento la decisión de separar del expediente a los civiles buscó no exponerlos en el mismo nivel de los militares, pero, continúa, “nosotros hemos bregado para que esa coautoría que han expresado los funcionarios judiciales de entonces, también recibiera condena. Y bueno, 41 años después, todo llega. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias, que los jueces de hoy a quienes les va a tocar este tema, estén a la altura de las circunstancias y realmente hagan justicia”.

Las audiencias comienzan mañana y se llevarán a cabo los días lunes y martes a las 9 hs. en el Tribunal Oral Federal N° II (Crisol 670) y para ingresar basta con ser mayor de edad y llevar el D.N.I.

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