A 5 años de la sentencia del Juicio a la Fumigación: la lucha continúa

El pasado 22 de agosto se cumplieron 5 años de la sentencia que condenó las fumigaciones ilegales, sin embargo el Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó anexo continúan exigiendo justicia para lxs afectadxs ambientales. El Juicio sentó un precedente jurídico para las luchas contra el agronegocio y el extractivismo. Conversamos en el Enredando las mañanas con algunos de sus protagonistas.

 

Se cumplieron 5 años del histórico juicio que condenó a un aeroaplicador y un productor agrícola a tres años de prisión no efectiva, por poner en riesgo la salud de lxs vecinxs de Ituzaingó Anexo sometidxs a fumigaciones ilegales que aplicaban en cultivos de soja transgénica. Fue la primera condena de este tipo en Argentina, y el “Caso Ituzaingó” acompañó los argumentos jurídicos de muchas otras luchas de delitos de contaminación ambiental.

Gracias a la lucha incansable y profundamente desigual, las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, lograron en 2008, una zona de resguardo que prohibía la fumigación terrestre con agrotóxicos a menos de 500 metros, y a 1500 metros si era aérea. En aquella época el médico  Medardo Avila Vázquez era subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, y tras escuchar las denuncias de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo pudo dar cuenta cómo avionetas fumigaban las viviendas del barrio y decidió levantar la denuncia por “envenenamiento”. Ésta denuncia, junto a otra de 2004 realizada por el grupo de Madres, son las que llegan a juicio en la Cámara I del Crimen. El fiscal Carlos Matheu ordenó entonces pericias que demostraron la presencia de endosulfán y glifosato en el barrio.  Apelando al artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051), el fiscal de Instrucción del Distrito III, Matheu, definió la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. Pasaron 4 años más hasta que el juicio se desarrolló.

Medardo Avila Vázquez reflexiona que con la condena implica “ reconocer que fumigar y contaminar el ambiente, donde viven personas, y poner en peligro la salud de esta gente significa un delito y que el agronegocio no tiene impunidad absoluta en Argentina”. Por otro lado, remarca el médico la solidez de esta condena: “Esta sentencia está firme, y eso es lo más importante porque el agronegocio y sus abogados  han presentado todo tipo de recursos tratando de voltear la sentencia, y han pasado todos los distintos estratos judiciales sin poder voltear la sentencia”.

No obstante, nos recuerda Medardo que la lucha contra las fumigaciones continúa y en Argentina son que “más de 400 pueblos que han dictado ordenanza impidiendo las fumigaciones y que esta sentencia que condenó a sojeros que fumigaban en barrio Ituzaingo, a pesar de que había una ordenanza que lo prohibía en la ciudad, esta sentencia sigue siendo el elemento que se utiliza en todo estos pueblos para obligar a los empresarios del agronegocio a respetar esta ordenanza que se saca para proteger mínimamente el Derecho a la salud y a la vida de las personas, poniéndole un límite, aunque sea un limite mínimo, a la voracidad, a la ambición y a la codicia de algunos grupos económicos que no tienen ningún tipo de freno en hacer sus negocio por más que esto genere dolor y muerte para mucha otra gente inocentes. Conmemoramos esta sentencia con la esperanza de que esta lucha siga avanzando”.

madres de ituzaingoEsta lucha contra las fumigaciones y el agronegocio no surge en abstracto. Las Madres se empezaron a encontrar y organizar al detectar el aumento en los casos de cáncer, leucemia y enfermedades respiratorias, allá por 2002. Uno de los estudios que se dio a conocer durante el Juicio a la Fumigación fue el que mostró que el 80% de lxs menores de 14 años tiene agroquímicos en sangre. En algunos casos con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo.

Norma Herrera una de las integrantes del grupo de Madres de barrio Ituzaingo Anexo comparte en relación a lo que significa del Juicio a la Fumigación para las luchas “que ya no nos pueden envenenar como lo venían haciendo”. No obstante remarca que fue una condena insuficiente: “no estamos conformes con la sentencia que se dio, porque prácticamente es una burla. Porque se está juzgando que han fumigado, que han envenenado, y que den una sentencia así”. Para el Grupo de Madres que la condena no fuera con prisión efectiva reflejó la injusticia a la hora de valorar el daño irreparable que la contaminación generó en barrio Ituzaingo.

Respecto al momento actual de su lucha por la salud y el ambiente, comparte que continúan haciendo mensualmente la ronda de barbijos, y que apuntan a  “una ley de afectadxs ambientales, y sobre todo para que se nos dé una fecha  para el juicio de la Causa Madre, que lo venimos peleando y no nos dan una fecha”. Cabe recordar que esta última causa apunta a que sean juzgados lxs culpables por las muertes y enfermedades en barrio Ituzaingó. Cabe recordar que el Juicio a las Fumigación condenó por la violación a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero las muertes y enfermedades están aún impunes.

Y en esa orientación apunta el proyecto que están armando de Ley de afectadxs ambientales. Afirma Norma que quieren “una ley que los ampare y los proteja de todo. Y que cuando algún afectado necesita asistencia a los turnos se los dan de acá a meses, y lamentablemente cuando le tocó el turno esa persona ha fallecido”. Explica la entrevistada que la necesidad de una normativa específica se funda en que:  “Hace 15 años que estamos en lucha y nos sentimos totalmente abandonadas por el Estado provincial y municipio. Por ello, aseguran que se necesita un respaldo, una garantía para lxs afectadxs ambientales por el sistema extractivista. Así lo ejemplifica Norma: “lograr que lxs niñxs con agrotóxicos en sangre se les haga un seguimiento para saber el estado de dichos niños. Hace 15 años que estamos en la lucha, 15 años que el barrio esta emergencia sanitaria y es una vergüenza que el dispensario del barrio carezca de médicos , no tenemos un equipo de salud mental, no tenemos un laboratorio móvil, que antes lo teníamos. Todo eso nos han sacado y el estado del barrio es critico”.

Darío Avila, abogado de la querella en el Juicio a la Fumigación  comparte que “de esa experiencia se pueden extraer varias conclusiones”. Comienza expresando que “por primera vez en la Argentina se puso en discusión a través en un juicio oral y público el modelo de producción agroindustrial imperante en Argentina”. Lo cual dio la posibilidad de que todas las partes pudieran “exponer sus argumentos, a favor y en contra de ese modelo”, y destaca la participación de numerosos testigos especializados que expusieron y acercaron sus investigaciones al Tribunal.
Explica Avila que de alguna manera, se pudo dar cuenta de “aquello que las Madres venían denunciando desde el año 2000, de cómo el modelo agroindustrial venía enfermando a sus hijos”. Tanto así que en barrio Ituzaingó “la muerte por cáncer había pasado a ser la principal causa de muerte”.
Todo esto, resalta el abogado: “a pesar de que la justicia tuvo que esperar 8 años para llevar adelante este juicio”, un proceso -asegura- en el que hubo presión y lobby del “poder político, del poder económico para impedir que se llevara adelante”.
Para Dario Avila, más allá de lo discutible de su envergadura, que se haya obtenido una condena fue ya una victoria. Afirma que “fue un fallo histórico porque por primera vez un tribunal criminal aplica una ley, la Ley 24051, de Residuos Peligrosos, que a pesar de que estaba vigente en Argentina desde 1997, a ningún Tribunal ni a ningún fiscal se le había ocurrido que podría utilizarse para defender los derechos de los ciudadanos”. Y resalta que “el tribunal para poder aplicar esta pena estableció que en el caso había existido un delito. Esto es lo que lo ha transformado leading case, un caso testigo, un precedente único en la Argentina y en el mundo. Y que se puede reproducir en los distintos Tribunales”
Por otro lado, Avila remarca la “solidez y contundencia” de la sentencia. Y prosigue ilustrándolo: “en materia penal para poder condenar a una persona tiene que haber certezas. En ese sentido el Tribunal tubo por acreditado que estos productos son altamente tóxicos y afectan a la salud”. Pero su solidez se la da también en el reconocimiento del máximo Tribunal de Córdoba: “la fortaleza del fallo viene de que el propio Tribunal Superior de Justicia haya confirmado por unanimidad ese fallo, en virtud de un recursos de casación que interpusieron los abogados defensores de los empresarios condenados”. Concluye orgulloso: “Ituzaigó marcó un camino”.

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