Al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago; se presentó una denuncia por encubrimiento contra el estado nacional, concretamente contra las personas de: Mauricio Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Germán Garavano y Pablo Noceti, y contra la cúpula de Gendarmería Nacional. La acusación fue efectuada por Graciela Rosenblum y José Schulman en representación de la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre” y por Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti en su carácter de miembros de la asociación civil “Instituto Arturo E. Sampay”.
Si bien en un primer momento el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en una clara maniobra de protección del gobierno nacional, se había declarado incompetente, el fiscal ante la Cámara Federal bonaerense, Germán Moldes dictamino que no debía ser trasladada la denuncia a Chubut y correspondería ser tratada en los tribunales de Comodoro Py.
En declaración a la prensa Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, manifestó: “la responsabilidad máxima pasa por la cadena de mando”, compuesta en primera instancia por el presidente Mauricio Macri, pasando por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, y por los jefes de Gendarmería que dieron las órdenes directas. “Hay un hecho que produce una fuerza de carácter federal, Gendarmería, que depende del Ministerio de Seguridad, está involucrado también el Ministerio de Justicia y el presidente Macri porque en la desaparición forzada está involucrada directamente esta fuerza nacional. En ese delito, se está cometiendo simultáneamente un delito de encubrimiento”, advirtió.
Entre las preguntas que se realizan los organismos denunciantes por encubrimiento al gobierno nacional se formulan:
“¿Puede considerarse una investigación idónea e imparcial la que dejó trascurrir 40 días antes de comenzar a recibir declaración –testimonial, desde luego-, a los Gendarmes que tuvieron intervención como autores materiales de la desaparición forzada de SANTIAGO?
Es el PEN el que se ha negado a que intervenga en la averiguación de la desaparición forzada de SANTIAGO una comisión de expertos internacionales, bajo invocación de que “…interviene la justicia…” Sí, la misma “justicia” que lleva insumidos, hasta aquí, mes y medio, sin haber determinado, siquiera, quiénes fueron los aprehensores del cuerpo de SANTIAGO, ni por orden de quién. Estamos frente a un delito continuado que se prosigue incorporando, cada día que transcurre, un nuevo elemento de encubrimiento, de falsas pistas, de obstaculización a una investigación idónea e imparcial, como lo requieren los pactos internacionales que son Ley Suprema de la nación.-
¿Qué confianza pueden tener familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad toda, en una investigación en donde no se ha dejado actuar al experto informático mayor que cuenta nuestro país para la determinación de los llamados telefónicos efectuados en esos días concomitantes a la desaparición forzada y al encubrimiento de la misma?”
Para el 10 de octubre la Cámara Federal estableció la audiencia donde se definirá el lugar de tratamiento de la denuncia contra el gobierno nacional.