Tiene media sanción el proyecto de ley para crear un régimen de regularización dominial para la integración sociourbana.

En la sesión especial de la cámara de Diputados de ayer 4 de julio se aprobó por unanimidad, a las 2.30 de la madrugada, el proyecto de ley presentado por el oficialismo. El mismo fue redactado por diversas organizaciones sociales y territoriales y apunta a regularizar la situación dominial de 4228 villas y barrios populares de todo el país.

Según el Diputado Tonelli, del PRO, la integración urbana implica la mejora y ampliación del equipamiento social y la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimencionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.

Como explica Mónica, becaria del CONICET en el Instituo de Investigación de Vivienda y Habitat de la UNC, se debe avanzar en la concreción de todos estos puntos, y advierte sobre varios vacíos que contiene la ley como la falta de especificación en los procesos de expriopiación y de titularización hacia las familias.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es el freno que antepone a los desalojos por un período de cuatro años y la suspención de cualquier desalojo en curso.

También se especifica que la Nación será la encargada de ejecutar y financiar los procesos de expriopiación de terrenos en donde se asientan los más de 4.000 barrios y villas. Y la Agencia de Bienes del Estado junto al Ministerio de Desarrollo Social efectuarán la regularización dominial. Por último, los procesos de urbanización e integración sociourbana correrán por cuenta de las provincias, según convenios con Nación.

Es importante destacar que se propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones, según fondos establecidos en el presupuesto 2019.

Los 4.228 barrios y villas contemplados en el proyecto son los inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) hasta diciembre de 2016. Los relevamientos del RENABAP fueron llevados a cabo desde el 2015 por diversas organizaciones sociales y territoriales, vecinxs y especialistas.

Este proyecto de ley será elevado a la cámara de Senadores para su tratamiento y votación. Sin embargo debemos destacar que no es el primer intento en los ámbitos burocráticos de lxs vecinxs y las organizaciones sociales de efectivizar leyes que amparen el derecho a la ciudad, a la integración y elegir cómo y dónde vivir. Hay que recordar la infinidad de proyectos presentados tanto en la legislatura provincial como en las cámaras altas para reconocer la posesión efectiva de vecinxs y avanzar en la urbanización. Por ejemplo el proyecto presentado por vecinxs de Villa La Maternidad para otorgar la titularidad y urbanizar, el presentado por vecinxs de Bº Comunitario Parque Esperanza, la Ley de urbanización de Villa 31 y Villa Rodrigo Bueno en Buenos Aires. Las comisiones de hábitat y vivienda creadas especialmente para efectivizar estos procesos de regularización dominial y de urbanización.

Cómo advierte Mónica, la Ley da un respaldo ante los desalojos y avanza sobre la regularización pero como sabemos no podemos depositar toda la confianza en los entes estatales. Las organizaciones y vecinxs actuarán como veedoras y avanzaran en los procesos de autourbanización, ante un Estado ausente desde hace más de 500 años.

También es importante destacar la última ola de desalojos en Córdoba y en el país, como una estrategia de “limpieza” de terrenos privados antes de que se legalice el proyecto de regularización y expropiación de los mismos.

A continuación compartimos la entrevista realizada en el Enredando las Mañanas del miércoles 4 de julio a Mónica, de CONICET, especialista en territorio y hábitat.

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