En la cobertura mediática de los juicios por la verdad, la memoria y la justicia y en particular de la Megacausa La Perla, pocas veces se ha visibilizado la situación de quienes han sido indispensables para que estas instancias puedan desarrollarse y llegar a sentencias condenatorias: lxs expresxs políticxs, sobrevivientes, exdetenidxs desaparecidxs, que con sus testimonios han hecho posible la reconstrucción y asignación de responsabilidades del terrorismo de estado.
El 23 de julio pasado en Córdoba se realizó una reunión nacional del espacio de Ex Presos Políticos Autoconvocados a la que asistieron personas y organizaciones provenientes de Tucumán, Buenos Aires, Paraná, Corrientes y Chaco, Neuquén, etc., con el fin de unificar criterios y estrategias de lucha por la implementación efectiva de las leyes reparatorias en el actual contexto político y denunciar el desguace de los organismos estatales de DDHH, entre otras cosas. Horas antes, conversamos con algunxs de sus integrantes para el Enredando las Mañanas.
El espacio está conformado por ex presos y presas políticas de distintos puntos del país, que fueron nucleándose a partir de sus reclamos y de la falta de respuesta e información fidedigna por parte del estado. Bajo la consigna «Sin testimonios no hay juicios ni condenas», reivindican el protagonismo que han tenido en los juicios por la verdad y denuncian el olvido y la invisibilización de las que han sido objeto, no sólo desde el Estado, sino también de organismos de derechos humanos y de los medios de comunicación.
En relación a la efectiva implementación de las leyes reparatorias para quienes fueron víctimas del terrorismo de estado, plantean que «el gobierno actual ha frenado todas las leyes y todos los beneficios que tendríamos que haber tenido en un gobierno anterior, que por negligencia o por falta de voluntad política no se hizo. Hoy estamos reclamando exclusivamente todos los que han estado pocos días, los que han cobrado la 24.043 [ Indemnización a ex-presos políticos] y los que tenemos el beneficio de la pensión nacional».
Al respecto, desde el espacio se plantean «proyectar ya un plan concreto de movilización a nivel nacional ante la situación», «de cara al pueblo», en el que no sólo denuncien la situación en relación a estas leyes, sino también «el desguace de los organismos de DDHH». Al respecto, explican «por ejemplo, nosotros visitamos el Centro Ulloa, es el centro más importante porque ahí es donde están a cargo de trabajadores, de médicos psiquiatras, te hacen todos los estudios psicológicos sobre la situación nuestra. Y lo primero que ha hecho el gobierno de Macri es desguazarlo, a los principales representantes de ese organismo los han trasladado a hospitales que no tienen nada que ver con esta problemática. Y esta problemática de los DDHH no puede tratarla cualquier médico ni cualquier psiquiatra, tiene que tratarlo personas que estén especializadas en este tema. Por ejemplo, en el Banco Genético, al director lo despidieron, o lo trasladaron a La Plata, comentaron los compañeros de Buenos Aires, y no sabemos qué van a hacer con el Banco Genético. No sabemos. Y dentro del Banco Genético, estaba el archivo de todos los compañeros que fueron testigos de todas las causas y resulta que eso no sabemos dónde va a ir a parar».
Este desmantelamiento, sostienen, «es lo mismo que se hizo acá en Córdoba con el gobierno de Schiaretti. Nosotros teníamos un centro, en el centro teníamos ubicada la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, la trasladaron, tenemos denuncias de compañeras que estaban trabajando y han sido trasladadas a otros organismos, a un hospital o al Ministerio de Justicia de la provincia, nos denunciaron que se ha perdido documentación de compañeros que han ido a hacer el trámite de pensión, etc., que han perdido carpetas, allá donde lo han llevado, al Pablo Pizzurno, no tienen ni teléfono.”
El maltrato no tiene que ver solamente con poner trabas burocráticas a los trámites de quienes ya han sido violentados innumerables veces por el Estado, también, señalan, «una de las cosas que nos dicen cuando hablamos por teléfono es que todos los expedientes se van a trasladar a la ESMA. Justamente, sobre todo los compañeros que hemos pasado por la ESMA, realmente que nos hagan volver a ir a la ESMA para hacer un trámite burocrático es algo que también es muy pesado».
El reclamo tiene un alcance importante, cuando se piensa que la última ley, 26.913 que establece el derecho a pensiones graciables para los expresos/as, alcanzaría a más de 28 mil personas, como afirman para el Enredando: «Declarados por Claudio Avruj [Secretario de DDHH de Nación] hay 26.900 expedientes que habían heredado de la administración anterior. Nosotros tenemos información de que son más de 28 mil. De todas maneras, tampoco sabemos en qué condiciones están, porque uno puede acceder a la pantalla del Ministerio de Justicia (…) donde dicen que está detenido pero no se sabe que a lo mejor le falta la copia del DNI, por ejemplo, o llenar otro formulario, no hay información acerca de porqué se retienen o se revierten los expedientes».
Fuera de micrófono manifiestan la impotencia de ver que el tiempo sigue transcurriendo y muchos de sus compañeros/as han fallecido sin poder acceder a un derecho ya reconocido. Cansadxs del manoseo y las demoras, se plantean diversas estrategias, desde la presentación de un amparo que intime al estado al cumplimiento de un trámite que en su origen se estableció como sumarísimo, «a ir a las embajadas, empezar a ir a la catedral, empezar a ir pacíficamente a exponer nuestra situación frente a esos organismos. Embajadas que han sido cómplices, como la Embajada de Francia (…) Vamos a ir al ACNUR, vamos a ir a las Naciones Unidas, a esos organismos. Porque lo que nosotros vemos es que el Ministerio y la Secretaría nos quieren meter en un combo de burocracia en la cual incluso ya el que nos recibió ahora y que nos está gestionando la entrevista con el Ministro que es el Dr. Conte Grand que es el jefe de asesores (…) nos ha planteado que (…) lo más difícil que va a tener que comprobar son los que han estado en los campos de concentración. Es decir, ya se están planteando empezar a rebajar, a tirar compañeros. Por ejemplo, dentro los compañeros que vinieron de Entre Ríos, fueron los compañeros que estaban en la Liga Agraria que estuvieron todos prisioneros en un cuartel, y ese cuartel está dentro de la denuncia de CONADEP. Entones, todos esos compañeros que estuvieron ahí, también tienen acceso a esta ley (…) Tenemos compañeros, que eso también lo queremos denunciar y se lo vamos a decir al Ministro, tenemos compañeros en los neuropsiquiátricos, que quedaron enterrados de aquella época.».
«Lo que sí nosotros tenemos que denunciar -continúan- pero de una forma tajante es que no existe ningún tipo de información… porque nosotros no sabemos cuántas pensiones se dan. Nosotros sabemos que hasta el último gobierno llevábamos 6500 pensiones. Pero no dicho por el Estado, no dicho por el gobierno, sino dicho por compañeros trabajadores que hay dentro de estos organismos que te dicen “che, por las pantallas lo que hemos visto pasar es esto”. Y nosotros ahora estamos calculando entre 8000 y 9000. Hay 28000 expedientes. Te imaginás, si todavía falta pagar…»
Otro de los frentes que proponen es vincularse con «los sindicatos, a las secretarías de DDHH. Cada sindicato tiene su secretaría, su lucha por los DDHH en el mismo gremio. Entonces la idea nuestra es que ellos también tomen nuestra lucha, porque cada uno de nosotros no nació de la Kaiser, nació de un sindicato, estuvo laburando en algún lado. Entones que tomen nuestra propuesta y que en cada marcha, estas secretarías levanten estas consignas y que se denuncie, para que se vea».
Quienes enuncian estos reclamos son, claramente, sobrevivientes del terrorismo de Estado. Pero además, son militantes sociales, políticos y sindicales que han transitado cuatro décadas de nuestra historia y cuya voz es imprescindible para la continuidad de las luchas y la memoria de nuestro pueblo. Sin embargo, explican, «muchas veces nos cuesta que nos visibilicen y esto tiene que ver con esta cosa de que somos sobrevivientes. Entonces, hasta eso nos cuesta explicar, porqué los sobrevivientes siguen luchando. Hay resquemores, incluso desde los mismos organismos hemos tenido poca respuesta. O sea, hemos ido a todos los organismos, de todos los que te puedas imaginar, no los voy a mencionar, pero no existe una propuesta concreta de reclamo de lo que estamos luchando nosotros. Y nosotros tampoco nos queremos quedar solamente con lo de las leyes reparatorias, porque tenemos mucho más para dar. Seguimos militándola como la hemos militado en los 70».