En el Enredando las Mañanas del 27 de mayo, abordamos un área sistemáticamente dejada de lado por los gobiernos, la salud mental. En este caso, los avatares del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba en el marco del abandono estatal y la implementación de la Ley Nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental, aprobada en 2010.
Sobre esta temática, conversamos con Franco Guerra, tallerista en la institución e integrante del programa La Chispa y Facundo Britos, integrante del grupo de Usuarios, Familiares y Amigos de los Servicios de Salud Mental y de la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Psicología de la UNC.
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El grupo de Usuarios, Familiares y Amigos, se ha convertido en el último tiempo en el espacio de referencia y convocatoria en relación a los reclamos vinculados a la atención de la salud mental en la provincia. Facundo, relata el origen de esta asamblea: “El año pasado se hace la primera marcha por el derecho a la salud mental. A ella se acercaron personas de diferentes organizaciones o del neuro, o que de algún modo se habían realizado con el tema, a darle vida a esto. Este espacio principalmente lo facilitan dos psicólogas del neuro, Jacinta Burijovich y Cecilia Berra. Tras esta marcha, en la que marcharon más de 4mil personas, se decide desligar [a las profesionales] del neuro, trasladarlas. Ante esta situación -que fue además estratégico, el 1° de enero, cuando empezaban sus vacaciones y mucha gente que las apoya no estaban-, se decidió hacer una asamblea para exigir la reincorporación”.
Sin embargo, la conformación del espacio pudo trascender el reclamo puntual y Britos analiza: “Esa asamblea se viene sosteniendo desde enero, que fue trasmutando. En un momento, la causa primera era la reincorporación, ésta se logra y de ahí queda conformado un espacio que es muy interesante, porque no sólo es de profesionales -como solía ser siempre, que quedaba en un reclamo muy concreto de sus condiciones laborales-, sino que se suman estudiantes y principalmente, y lo más interesante para mí, la voz de los usuarios. Para quienes, en definitiva, está pensado el servicio de salud mental, el neuropsiquiátrico. Desde ahí se vienen trabajando diferentes alternativas de cómo ir en conjunto visibilizando o modificando ciertas cuestiones que están sucediendo”.
En la actualidad, “las asambleas no son solamente del neuro, sino que se ha unido mucha gente del polo sanitario, gente de Oliva, de Bell Ville, del San Roque, del Pediátrico, hemos aglutinado a un grupo de personas que están realmente involucradas con la salud en un sentido integral. Porque si seguimos hablando en términos de salud mental, seguimos con la historia de los monovalentes, seguimos con la historia del manicomio”.
A medida que se fue consolidando el espacio, aparecieron también nuevas situaciones y denuncias. Algunas tienen que ver con medidas que se están tomando actualmente en el Hospital Neuropsiquiátrico -el “Neuro”-, y que Franco, uno de lxs voluntarixs que sostienen talleres allí y de lxs responsables del programa radial “La Chispa”, explica: “la razón que nos nuclea en estos últimos días, es particularmente la demolición que se está haciendo de ciertos espacios dentro del hospital, concretamente la sala de residencia y los consultorios externos. No hemos tenido todavía una respuesta respecto de qué se quiere hacer, si se está remodelando, si concretamente se está destruyendo para dejarlo así. Otro hecho concreto –continúa- es que se han cerrado 30 camas y no se les está dando cena a los usuarios. No están cenando ni teniendo dónde dormir”. Ante esto, explica Facundo, “Muchos usuarios están yendo a dormir a la terminal o a la plaza del frente”.
La perversidad del estado en relación al Neuro es durísima, ya que juega entre la supuesta implementación de la ley de salud mental y el abandono, Facundo la deja en evidencia: “Todo esto se enmarca en una ley que plantea un montón de modificaciones, de derechos de los usuarios del sistema de salud mental, y esto es como una forma de adecuarse a la ley. Lo que están haciendo realmente, es vaciar el espacio. Hoy en día no está existiendo la real atención de salud mental pública y eso es un problema enorme, primero porque es una problemática que nos concierne a todos y segundo, porque es el último espacio en la ciudad que tenemos en donde se brindaba algún servicio de este tipo. Los consultorios externos que se están cerrando ahora, recibían más de 70 mil consultas al año”.
“Estamos hablando –continúa Facundo- de una ley de salud mental que trata que las internaciones no sean lo principal. Antes era eso, la lógica manicomial del “te interno o no te interno”, hoy se está ampliando a decir “la sociedad necesita atención de salud mental y la necesita descentralizada, integral”. Esta Ley, saludada por muchos sectores y movimientos que vienen bregando desde hace años por la desmanicomialización en el abordaje de la salud mental, están siendo tergiversada por distintas administraciones locales, que hablan de este tema, cuando en realidad, están vaciando los servicios.
La situación en la provincia de Córdoba es hoy gravísima: “si continúa este proceso como está siendo, la única alternativa en salud mental que va a quedar es el ámbito privado. Y el ámbito privado sigue trabajando en las lógicas manicomiales más fuertes incluso que en el neuro, y es más difícil cambiarlo también porque es un ámbito cerrado. En esto en particular, incluso el que accede cae en estas lógicas. Es doblemente perverso lo que sucede. Personas que por tener una obra social que cubre la internación y las medicaciones, llegan a una institución privada y los van a internar porque lo cubre la obra social y van a dar todas las pastillas que puedan facturar, y a la vez los van a hacer adictos a un montón de medicamentos. Esa es la lógica en salud mental con la que estamos funcionando, y es realmente preocupante”.
La temática abarca más aspectos, como señalan: “Un dato que para mí es alarmante, es esta cuestión que también hay una nueva ley de prevención del suicidio que se enmarca en la ley de salud mental y por ejemplo, en Córdoba tenemos tres veces más suicidios que homicidios, es un dato muy fuerte. No se trata solamente de lo que pasa en el neuro, se trata de lo que pasa en Córdoba con la salud mental, que también tiene que ver con esto del femicidio de lo que se está hablando. Realmente en Córdoba están pasando cosas que necesitan ser abordadas desde otro lugar y desde muchos lugares a la vez (…) Estamos hablando de la salud mental de una sociedad, que no está abarcada concretamente (…) creo que lo que se está haciendo es un maniqueo retórico, en cierta forma, se agarran de esta cuestión de que la ley dice que se tienen que cerrar los neuropsiquiátricos, de acá a veinte años. Pero no se están generando los dispositivos alternativos que puedan llegar a suplantar estas lógicas manicomiales en términos más humanos”.
Al respecto, Facundo comenta que justamente los espacios que tienen ese objetivo en el proyecto, “son los que están cerrando ahora, por ejemplo, el espacio que representa Franco, de la radio La Chispa, tiene más que ver con los dispositivos que se vinculan con la ley de salud mental”.
El integrante del grupo de Usuarios explica la complejidad y el desafío que implica para el campo, pensar en términos de los nuevos enfoques, “algo interesante a rescatar es que a su vez, esta ley plantea muchas cosas muy interesantes pero a la vez, los dispositivos para concretarlo son un desafío a ser realizado. Donde se venía trabajando es en este espacio, en el neuro y en conjunto con la universidad, es interesante que se logre la realización de nuevas formas y nuevos dispositivos que son un desafío a la creatividad también. Esto de cerrar los neuropsiquiátricos no implica destruir edificios, implica readaptarlos, transformarlos, para poder brindar una real atención en salud mental, una real prevención en salud mental y recién ahí, por lo menos como lo pienso yo, cuando el neuro provincial -que se tendría que llamar de otro modo-, esté apto para brindar salud mental en relación a lo que plantea la ley, recién ahí vamos a poder empezar a convidarlo a los otros hospitales generales, como plantea la ley, a otros dispensarios. Pero si cerramos hoy el neuro y empezaran a brindar servicios de salud mental en los hospitales generales, no tienen otras herramientas que las manicomiales, porque tampoco se tomaron el trabajo de construirlas”.
De esta situación, en Córdoba el responsable es el ejecutivo provincial y el Ministerio de Salud, que vienen haciendo oídos sordos a los reclamos: “Desde el estado qué respuesta hemos tenido, en concreto, algo palpable, ninguna”, aclara Guerra. “Sí se han acercado –comenta Britos- algunos referentes políticos como Liliana Montero, que desde la Legislatura presentó una nota a [Osvaldo] Navarro que es el director general de salud mental, para que dé explicaciones de esto. No se presentó ninguna explicación. Esta ley, por más que es nacional, tiene su adecuación a nivel provincial. En concreto, quien está ejecutando es el poder ejecutivo provincial y ahí es donde está la falta. A nivel provincial la ley está reglamentada, pero no tiene un órgano de control”.
“Venimos teniendo mucho apoyo del Observatorio de Salud Mental y de Derechos Humanos de la Universidad –finaliza-, pero tendría que poder darse soluciones desde el ejecutivo de la provincia. Hasta nos vemos por ahí en la situación en la Asociación de Usuarios, y que por ahí nos desborda un poco, de empezar a ver cómo les damos solución nosotros a algunas de estas cosas, porque realmente son urgentes, hasta en modos muy sensibles, como personas que quedan en situación de calle”