El 24 de marzo de 2014, Ezequiel Barraza, de veinte años, fue asesinado en el Barrio 1° de Mayo de la localidad de Córdoba por un efectivo policial de civil de la división de Homicidios. Su ausencia es una más de las por lo menos nueve causadas por el gatillo fácil durante el año 2014 en Córdoba, entre los incontables abusos policiales que cotidianamente se despliegan bajo el paraguas del Código de Faltas provincial y todo un entramado de complicidades judiciales.
Un año después, su hermana Lorena describió durante el programa Enredando las Mañanas los hechos que pudieron reconstruir a partir de los testimonios y las dificultades que la familia ha tenido que sortear para exigir justicia por el asesinato de su hermano.
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Lorena retorna a las angustiosas horas vividas justo un año atrás, y recuerda: “Ezequiel desapareció el 23 a la noche, lo encontramos el 24 a la madrugada como NN en el Hospital de Urgencias. Estuvo cinco horas en el quirófano, a las 8.30 salió y a las 11.00 falleció. Tenía cuatro tiros por la espalda, dos de frente y una de las balas le tocó el intestino grueso, el intestino delgado, uretra y arteria. Hasta los testículos tenía lastimados”.
Los terribles detalles que comparte son elementos que se “pasaron por alto” a la hora de la autopsia oficial: “Soy enfermera profesional, y cuando vi el papel de la autopsia le dije a mi hermana ‘esto no es una autopsia real’. Le observé el cuerpo [a Ezequiel] y dije, ‘a este chico no le han hecho la autopsia, no le han hecho nada’. Así que hice salir a la gente, me ayudaron a movilizarlo dentro del cajón y sacarle todas las fotos. A todo el cuerpo le sacamos, te digo más, para decirte que hasta los testículos los tenía raspados de las patadas que le habían dado… las uñas las tenía negras. Él era una persona que era impecable en su limpieza; lo que hablamos con el abogado es que se debe haber querido agarrar del asfalto, lo han arrastrado, porque los raspones que tiene en la cara es quemadura del asfalto, aunque el fiscal dijo que eran porque se cayó [de la moto]… Asimismo, si no hubiese tenido el casco, tendría un moretón, no quemadura de asfalto”.
A partir de la incorporación de las fotografías en el expediente y de las denuncias de la familia acerca de las irregularidades de la autopsia -que establece que el cuerpo de Ezequiel tenía un solo disparo y no daba cuenta de los golpes-, el fiscal Caballero aceptó no cerrar la causa. Sin embargo, afirma Lorena, “es una vergüenza que uno, que está con el dolor de su hermano fallecido, tengamos que estar sacando nosotros las fotos para tener la prueba de que él estaba golpeado. Porque a esta altura, supuestamente iban a pedir la exhumación del cuerpo y hasta ahora no la han pedido. Cuando saquen el cuerpo, ya no va a servir más nada de lo que ahí tienen”.
Sin embargo, las irregularidades comenzaron mucho antes. Pablo Álvarez, el policía que mató a Ezequiel, estaba en ese momento vestido de civil con su novia. Los testimonios de lxs vecinxs dicen que modificó toda la escena, baldearon, movieron la moto de lugar e incluso trasladaron a Ezequiel, aún vivo. Su hermana denuncia que Álvarez “lo ató, lo golpeó, él pedía un vaso de agua y se lo negó. Teníamos muchos testigos y fueron amenazados, o sea que ya no tenemos casi testigos, tenemos dos, porque la mayoría de la gente de la cuadra fue amenazada porque andaba la policía judicial y de homicidios. O sea, todo lo que había de prueba, él lo hizo borrar”. Las dudas acerca del tratamiento de este caso hicieron que el propio fiscal Caballero apartara a la división Homicidios de la investigación, en abril del mismo año.
Para Lorena, el año transcurrido desde la muerte de Ezequiel ha sido un año de lucha y de encuentro con otrxs familiares de víctimas de gatillo fácil. Los números que comparte son escalofriantes: “En el 2013 fueron 14 casos y en el 2014 fueron 15 y lo que vamos del 2015 fueron 7 casos. Con Ezequiel [Reinoso] que se salvó, e Ismael Sosa, en enero hubo cinco. Yo creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso, porque es el colmo que un turista venga a disfrutar de un espectáculo y termine muerto, y como a él no le pudieron agregar que era un gran delincuente como a todos los otros pibes, le agregaron que era un drogadicto”. La impunidad policial asciende a grados increíbles “Suárez [el jefe de policía] dijo que gracias a los policías están vivos, los policías se han tomado estas palabras como que ellos son Dios, deben decidir quién debe vivir y quién debe morir. Y no se dan cuenta -continúa- de que Dios está de parte nuestra, porque lo hizo salvar a Ezequiel Reinoso para que cuente lo que sufren parte de nuestros pibes, de las torturas y cómo arman las causas los policías”.
Pero las familias de las víctimas no sólo sufren el dolor de sus pérdidas. A ese dolor, se suma el maltrato institucional, la complicidad del sistema judicial que se expresa mayoritariamente con el cajoneo de las causas. Barraza recuerda, por ejemplo, la situación de la familia de Ezequiel Saldaño, el joven de 18 años ultimado por la policía en 2008. Su “madre está desde hace seis años peregrinando digamos, y recién ahora le están pidiendo al policía, el psicológico. Pero seis años y todavía está esperando”. Y continúa: “Nuestro caso, desde el vamos, ha sido manejado todo así, en la morgue, en tribunales, por ejemplo, nuestros testigos nunca fueron llamados a declarar”.
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, afirmaba Séneca, el filósofo griego. Muchos de los chicos víctimas de gatillo fácil y sus familias, aun esperan que ésta, finalmente, llegue. Aunque saben que sólo será posible si sostienen los espacios de organización y presión sobre los funcionarios públicos que deben responder por estas muertes.