En los últimos meses, el debate en torno a la despenalización del aborto por causales tomó fuerza en Honduras en el marco de una profunda reforma del Código Penal. Sin embargo, a pesar de la campaña que los movimientos de mujeres y feminista impulsaron, la votación en el parlamento fue negativa.
Para conocer más detalles acerca de esta lucha y del movimiento de mujeres y feminista en la región, conversamos desde Tegucigalpa con Neesa Medina, integrante del Centro de Derechos de las Mujeres.
En primer lugar, Neesa contextualiza la lucha por el derecho al aborto en la región, explicando que “en estos momentos el debate por la despenalización del aborto está muy vigente en El Salvador con una propuesta también que será llevada al seno del Congreso de ese país y en República Dominicana. Esos tres países, junto con Nicaragua y Chile son los únicos países en América Latina que tienen totalmente penalizado el aborto en todas sus circunstancias”.
La activista feminista recuerda que la penalización del aborto nació junto con el Código Penal hondureño, y por eso se pensó que en el marco de una reforma del mismo “en el que se cambiaron la mayoría de los delitos, las justificaciones, las penas”, podría replantearse también esta figura. Esta estimación fue la que generó hace alrededor de un año que el movimiento de mujeres constituyera una amplia plataforma llamada “Somos muchas”, con el fin, explica, de “buscar la despenalización del aborto por tres causales: cuando está en riesgo la salud y vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación sexual y cuando el feto tiene posibilidades nulas de vida”.
Medina señala que, como ha podido observarse en otros países latinoamericanos, los “sectores fundamentalistas, líderes de las iglesias católica y evangélicas, comenzaron a aparecer contrarrestando nuestra propuesta por la vida y la salud de las mujeres logrando también el apoyo de los partidos políticos conservadores, el partido político en el poder -el Partido Nacional- y el Partido Liberal, violando así la laicidad del Estado y dejando en evidencia que los poderes de los partidos políticos y de las religiones se unen cuando se trata de menoscabar los derechos de las mujeres en Honduras”. Esto desembocó en que el pasado 4 de mayo 79 diputadxs ratificaran el contenido actual del artículo, negándose a permitir la despenalización del aborto por causales en el país.
Control de los territorios, control de los cuerpos
Quienes han seguido de cerca el proceso social que acompañó al golpe de estado que derrocó a Manuel Zelaya en 2009, dan cuenta de que la dictadura tuvo un fuerte componente de conservadurismo social y que se descargó de manera brutal sobre mujeres y disidencias sexuales.
Neesa nos retrotrae a ese momento, cuando “uno de los primeros decretos de la Secretaría de Salud una vez que asume la coordinación un doctor Opus Dei, Mario Noé Villafranca, fue prohibir totalmente la anticoncepción de emergencia, tanto su uso, su venta, hasta la promoción. Esta prohibición aplica también para las víctimas de violencia sexual, entonces ellas no están recibiendo desde hace ocho años la anticoncepción de emergencia (PAE). Los cinco ministros que han seguido después del golpe de estado en la Secretaría de Salud se han rehusado a cambiar ese decreto ministerial y poder permitir el goce del derecho a este anticonceptivo”. Es por eso que la lucha por la aprobación del uso de las PAE ha sido un eje importante en la lucha feminista local.
Ataque a las defensoras
Este control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres se ejerce de manera especialmente clara cuando se trata de activistas y defensoras de DDHH, en especial, nos comenta Medina, “a las defensoras de la tierra, de los ríos, de las montañas. A esas defensoras que muchas veces son de pueblos indígenas y también a aquellas que defienden a esas defensoras. Existe el caso de Suyapa Martínez, Coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer, que fue demandada por la empresa Desa por unas declaraciones en las que Suyapa solamente repetía algo que Berta Cáceres había dicho en vida y era que si algo le pasaba, que buscaran responsabilidades en Desa”.
La eficiencia del Estado ante este tipo de demandas, señala Neesa, contrasta con la inoperancia del mismo a la hora de dar respuesta “a las 20.000 denuncias de violencia doméstica, por ejemplo, que las mujeres interponen y que por falta de rapidez del estado para asumir estas denuncias, terminan abandonando. Hay un doble estándar -continúa- y pareciera que el estado está totalmente ausente en la vida de las mujeres, pero está sumamente presente cuando se trata de negar derechos”.
Proyecciones y desafíos
A pesar de no haber logrado la despenalización del aborto por causales, la integrante del Centro de Derechos de las Mujeres sostiene que “es importante (…) permitirnos los espacios para reconocer los logros que ha habido en este proceso. Por ejemplo -detalla-, reconocer que hace un año no habría ningún diputado que se manifestara a favor y en esta ocasión tuvimos nueve. Lo importante que es recuperar las alianzas que hicimos entre nosotras, con sectores nuevos, con grupos nuevos, con articulaciones de mujeres que no se habían sumado a la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y que sin embargo ahora son unas de las que están al frente. Creo que permitirnos un momento para sistematizar, recordar y reconocer lo que hemos logrado para poder avanzar en base a este camino ya recorrido, que como dice Miriam Miranda, una de las defensoras del pueblo garífuna hondureño, hay que buscar la alegría en la lucha”.
Ante un panorama en el que las probabilidades de que el presidente Juan Orlando Hernández logre la reelección son altas y, con la misma, la profundización de la militarización y del control sobre cuerpos y territorios, Medina entiende que “el movimiento feminista sigue, sigue y sigue claro en que el camino es juntarnos, reconocernos y agarrar fuerza y buscar la forma de encontrar la alegría en la lucha”.