En la jornada del miércoles 12 de julio, las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer de Córdoba se declararon en estado de asamblea permanente para denunciar las críticas condiciones laborales y riesgos a las que se encuentran expuestas. Conversamos al respecto con María Fernanda Espejo, una de las integrantes de los equipos profesionales.
En los tiempos del #NiUnaMenos, una de las denuncias que más se expresan desde los movimientos de mujeres y feminista y de las propias mujeres que atraviesan situaciones de violencia, es la insuficiencia de las políticas públicas y recursos estatales.
Desde hace meses, quienes vienen expresando de forma clara esta situación son las propias trabajadoras del llamado Polo Integral de la Mujer, la entidad estatal que debe dar respuesta a la violencia hacia las mujeres y la trata.
En el día de ayer, la situación se agudizó cuando uno de los equipos de profesionales del área de constatación, que se ocupa de realizar las entrevistas en los territorios para responder los oficios judiciales, fue amenazado por un hombre denunciado con un arma de fuego.
Las trabajadoras del Polo difundieron durante el miércoles 12 de julio un comunicado en el que se declararon en estado de asamblea permanente y denunciaron las críticas condiciones laborales a las que están sometidas y el riesgo que implican para su integridad física.
Luego de sostener durante la tarde una reunión con la responsable del área, Claudia Martínez, decidieron continuar en estado de asamblea permanente hasta que estén garantizadas las condiciones mínimas de trabajo y convocan a una asamblea abierta de 13 a 15 en calle Entre Ríos 680, con el objetivo de hacer públicas sus condiciones de trabajo y decidir cómo seguir.
Desde Zumba la Turba nos comunicamos con María Fernanda Espejo, una de las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer de Córdoba, quien profundizaba en torno a las condiciones laborales que enfrentan en su ya de por sí difícil tarea cotidiana. Al respecto, decía “nosotras formamos parte del área constatación, que es un área que está integrada actualmente por diez profesionales, entre psicólogas y trabajadoras sociales, que por la dinámica con la que hacemos nuestra tarea, se convierte en dos equipos por turno, para trabajar en todo lo que es capital y el gran Córdoba“.
“Nuestra tarea cotidiana -explica la trabajadora social- es salir a los territorios a partir de un oficio que envía el juzgado, las denuncias por violencia familiar, dentro de ellas específicamente la violencia de género y realizamos entrevistas en el territorio. A partir de eso se hace un informe de riesgo para enviárselo al Juzgado que toma las medidas cautelares“.
La profesional del Polo señala que existen riesgos que son inherentes a la actividad que realizan, ya que están expuestas a “varones que ejercen violencia a mujeres por su condición de mujeres. Esta violencia se expresa de muchas formas, no solamente violencia física, sino amenazas de muerte con utilización de armas, a eso también estamos expuestas nosotras“.
Sin embargo, lo preocupante es que las trabajadoras denuncian que en la actual gestión están expuestas a un doble riesgo, ya que su responsable, Claudia Martínez, no está especializada en esta problemática y tampoco interiorizada en las dinámicas del área. “Eso implica, continúa María Fernanda, que diariamente estamos sobreexpuestas, justamente por la negligencia de nuestras jefas, de los mandos medios, a ciertas situaciones que nosotras por protocolo consideramos que son situaciones de riesgo“.
La reducción de presupuesto y personal y el vaciamiento del área fue uno de los ejes de las denuncias en torno a la movilización del pasado 3 de junio bao la consigna del #NiUnaMenos, y la trabajadora recuerda que “por la ley de violencia, que ya está un poco descontextualizada para la coyuntura actual, (…) deberíamos ser 16 profesionales“. Sin embargo, señala, “en esta gestión han achicado nuestra área, la vaciaron, justamente para crear el espacio del Centro Integral de Varones. O sea, que allí hay una dirección en términos de política adónde está el eje“. Asimismo, además de las condiciones laborales y de seguridad que deben garantizar su integridad en los territorios, Espejo explica que “a muchas de nosotras nos pagan como administrativas, es decir, no nos reconocen nuestra tarea como profesional“.
Para finalizar, señala que a lo largo de la jornada “han recibido muchísima solidaridad de muchísimas compañeras, de organizaciones y espacios que tienen la misma lucha. Para nosotras no es menor que todas las que estamos en el área somos mujeres y nos reivindicamos como tales y no solamente que abordamos la problemática e intervenimos de manera profesional, sino que también la estamos militando de manera activa en la lucha contra la violencia machista y patriarcal“.