El domingo 24 de abril, se presentó en una extensa conferencia de prensa el informe final de la participación del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde hace un año y siete meses. El cese de la participación del GIEI radica en la falta de garantías y de colaboración por parte del Estado mexicano. Desde el programa Enredando Las Mañanas nos comunicamos con la periodista Paula Mónaco Felipe, quien desde México actualizó la situación. Por RNMA.
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Preguntada en torno a los ejes centrales del informe, la periodista Paula Mónaco comentaba: Fue una extensa y exhaustiva conferencia, en la cual el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de derechos humanos(GIEI) presentó los resultados del segundo período de trabajo en México. Una síntesis del informe que, impreso, tiene 608 páginas y que si bien no cambia lo que fue el primer informe- en cuanto a denunciar que lo que ocurrió en Iguala el 26 y 27 de septiembre 2014 fueron ataques de violencia desmedida por parte de agentes del Estado contra población civil-, la novedad son algunas aristas de la investigación nuevas que presenta el grupo de GIEI.
Entre ellas, muestran que hay líneas de investigación que no se han agotado y que hay situaciones que no son menores, como el móvil en el cual no se ha avanzado en las investigaciones oficiales. Y por otro lado, desnuda una serie de fallas no sólo de la investigación sino del sistema de la Procuración de Justicia de México. Por ejemplo, muestra que al menos 17 de los 120 detenidos por el caso, presentan huellas de tortura. Entre ellos, las personas señaladas como mayores responsables del caso. Muestra, también, por medio de un video del GIEI, la presunta “siembra de pruebas”, lo que se llama crear pruebas falsas. Se puede ver cómo las autoridades visitan una zona del río San Juan con uno de los inculpados en el caso y cómo levantan la evidencia. Al día siguiente se hace una conferencia pública y aparecen casualmente las bolsas que se depositaron el día anterior y el inculpado que había estado aparece reconociendo ese lugar, indicando que ahí habría sido donde, supuestamente, dejaron las cenizas de los estudiantes. Esto, además de evidenciar la irregularidad en la siembre de pruebas, termina de destruir la hipótesis oficial de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y luego sus cenizas lanzadas al río San Juan. Muchas fallas y asuntos pendientes.
El GIEI afirma, además, que nunca se avanzó sobre el presunto móvil del caso que habría sido un autobús que tomaron los jóvenes sin saber que en el interior llevaba un cargamento de heroína que se iba a transportar desde Iguala hasta Estados Unidos. Denunció este domingo que las autoridades mexicanas les pusieron enfrente como prueba, un autobús que no era el que salió de la central camionera, es decir, que hubo un cambio de colectivo.
Esto muestra que hay mucho por investigar y que no se ha avanzado lo suficiente. Que cada vez que el GIEI intento avanzar, las diversas instancias del Estado han puesto obstáculos, por ejemplo, el no permitirles, en el año y un mes de presencia en México, entrevistar a miembros del 27 Batallón que se encuentran en Iguala, siendo que el Ejército está comprobado que estuvo presente y participó, al menos atestiguó, los ataques que se dieron ese día.
En definitiva, el GIEI se retira, no porque se haya quedado sin trabajo sino porque el Estado mexicano no le renovó su estancia en el país. Se retira dejando muchas preguntas y dejando la sensación que la versión oficial, que se sostiene desde noviembre del 2014, no tiene asidero ni fundamento científico, ni siquiera en cuestionas o pruebas físicas, mas allá de declaraciones de personas que fueron sometidas a tortura para auto-inculparse.
ELM: Otro de los elementos nombrados en la conferencia fue el abandono en relación a los familiares de los normalistas que se encuentran desamparados por el Estado y con una idea de reparación que no pasa por hallar a sus hijos sino casi exclusivamente por una “reparación económica”, lo que llamaron las “historias invisibles”.
PM: La relación entre los familiares y el gobierno estaba rota y por medio del GIEI se logró que hubiera acercamiento, no para ponerse de acuerdo, sino para que los familiares puedan plantear sus demandas para que el Estado los escuche, para tener cómo negociar la búsqueda. Esto se ha ido tensando y ahora, con la retirada del GIEI, se plantea un interrogante porque hay muchas diferencias y hay una distancia insalvable entre el Estado mexicano y los familiares. Se suman desencuentros, desatenciones. Si bien el Estado al comienzo fue muy receptivo con ellos, ahora ni les toman las llamadas, los dejan plantados en reuniones. Han tenido situaciones muy diversas.
Hubo intentos que yo no llamaría de reparación económica, sino más bien de soborno porque no se ha hecho desde una política del Estado sino que desde un primer momento a los familiares se les han acercado personas que decían ir de parte del Gobierno, que les ofrecían dinero a cambio del silencio, de parar de denunciar.
ELM: ¿Cuáles han sido las repercusiones de la conferencia de prensa en el Estado y en los familiares?
PM: Por un lado el Estado mexicano dijo que tomará en cuenta las recomendaciones del GIEI, pero suena un discurso de diplomacia, sin consecuencias reales. Digo esto porque el Estado estuvo ausente en la presentación del informe, cuando es el resultado del trabajo tripartito entre el GIEI, las victimas y el Estado. Luego se anunció que tomarían en cuenta las recomendaciones. Los organismos internacionales han reaccionado, la propia Comisión Interamericana que prometió seguir de cerca el caso, la Organización de Naciones Unidas respondió respaldando el informe de GIEI.
Los familiares declararon que seguirán en la misma actitud, con sus reclamos, y que exigen la aparición con vida de sus hijos y la verdad, la justicia, tanto por los 43 como los miles de desaparecidos en el país, cerca de 30 mil personas desde el 2007 hasta hoy.