Hoy lxs trabajadorxs del Polo Integral de la Mujer realizaron una olla popular en su lugar de trabajo para visibilizar la continuidad del conflicto. Zumba la Turba dialogó con María José, su delegada. (Fotos: Flor Bianco)
A pesar del hostigamiento policial en los primeros momentos de la actividad, se realizó la olla popular convocada por lxs trabajadorxs del Polo Integral en la sede, con el fin de seguir exponiendo las condiciones de trabajo a las que están sometidxs. Cabe señalar que en esta dependencia estatal se desarrollan, entre otras tareas, la atención a personas víctimas de delitos contra la integridad sexual, la brigada de control antipánico, una sala cuna, la asistencia psicológica y el acompañamiento social y legal a mujeres en situación de violencia.
Maria José es delegada de lxs trabajadorxs y en conversación con Zumba la Turba afirmaba que el objetivo de la actividad fue, principalmente, “denunciar que esta gestión no tiene como prioridad la política hacia las mujeres y que la situación de desfinanciamiento de este lugar y de precarización de las trabajadoras son el principal indicador de riesgo”.
Las demandas de lxs trabajadorxs tienen que ver con las condiciones de trabajo y el reconocimiento de su tarea profesional como riesgosa e insalubre. En relación al primer aspecto, la delegada señala que en el Polo son “el 80% mujeres en condiciones de precarización, la mayoría contratadas (…) saliendo a la calle y enfrentando situaciones en las que se pone en riesgo nuestra vida, porque no están garantizadas las condiciones básicas de resguardo y seguridad”.
El conflicto volvió a tomar relevancia cuando, hace unos días, dos de las integrantes del Polo sufrieron amenazas contra su vida. Esto generó que lxs trabajadorxs se declararan en estado de asamblea, exigiendo a las autoridades que den una respuesta acorde a la gravedad de la situación.
La trabajadora social explica que en ese momento “hicimos un pedido de condiciones básicas, autos con cinturones de seguridad, unos teléfonos para estar en contacto, unas reuniones de equipo con los adicionales y choferes que son los que acompañan la tarea para ponernos de acuerdo en criterios comunes. Eso se pudo garantizar en una mesa de diálogo. Lo que está pendiente es el reconocimiento de esta tarea como tal”. Por otro lado, aclara, lo conseguido solo abarca al área de constatación, donde se dio el episodio que disparó el conflicto.
Además del riesgo físico, explica María Jose, “atender a mujeres que están en situaciones de dolor y sufrimiento a diario, no es sin consecuencias para las profesionales. Entonces tenemos espacios de supervisión y capacitación y terapia incluso que las bancamos de nuestros bolsillos, porque de eso se trata trabajar en esto. En algunos otros lugares, ese reconocimiento significa vacaciones diferentes, una jubilación diferenciada, otro sueldo. Las compañeras están poniendo el cuerpo y arriesgando su vida por una tarea que en la propaganda política es una prioridad”.
Al respecto, María José señala que el gobierno rechaza la ley de emergencia, reclamo principal del movimiento de mujeres, y que eso se traduce en que “no tengamos los recursos necesarios. A la precarización se suma la falta de personal, porque no damos a basto para cubrir la demanda”. A esto hay que agregar las situaciones de persecución que siguen a las acciones gremiales, como explica la delegada, “hoy pasaron planilla volante [instrumento para verificar quiénes se encontraban en sus lugares de trabajo], había un cordón de policías intentando impedir la actividad (…) Es difícil continuar el diálogo en ese punto. Desde nosotras, toda la voluntad, de eso se trata, cuando hay violencia no hay diálogo. En la medida en que veamos que hay un interés en que nuestra situación sea otra, nuestras condiciones sean otras”.
Para finalizar, la trabajadora señala: “somos la mayoría mujeres precarizadas trabajando con mujeres vulnerables” e insiste “si nos echan, si no nos pagan, si nos pagan mal, si nos precarizan, nosotras también somos mujeres en situación de violencia“.