El pasado 17 de abril, las pantallas televisivas reprodujeron cientos de veces las dolorosas imágenes de la fiesta electrónica Time Warp, en Costa Salguero, donde cinco jóvenes murieron y tres aún se debaten entre la vida y la muerte.
Como en Cromañón en 2004, en Beara en 2010, en la estación de Once en 2012, funcionarixs y medios de comunicación hegemónicos buscan culpabilizar y estigmatizar a las víctimas. En este caso, reduciendo la situación al consumo de drogas. Pero las vinculaciones con el poder, el papel del estado, el desprecio por la vida humana y la ambición de ganancia sin límites de lxs empresarixs ocupan un lugar necesario y protagónico a la hora de entender lo sucedido y exigir justicia.
En el Enredando las Mañanas del miércoles 27 de abril conversamos con Silvia Bignami, integrante del espacio X Memoria y Justicia -Cromañón- Que no se repita, quienes difundieron un comunicado mediante el que manifiestan su solidaridad con lxs familiares de la llamada Tragedia de Costa Salguero y denuncian que las condiciones que posibilitaron Cromañón siguen dadas.
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La sensación de estar viendo imágenes de otras situaciones dolorosas se agudiza cuando se trata de familiares, como manifiesta en el diálogo Silvia Bignami. «La verdad -expresa- es que nosotros desde que sucedió Cromañón, ya van a ser doce años, venimos en general atentos a estas situaciones que se parecen a Cromañón, así pasó con la llamada tragedia del tren de Once, así pasó en la ciudad y bastante desapercibido en su momento Beara, en 2010, donde murieron dos chicas (…) Cuando nos enteramos de Costa Salguero, con todas las características, con todo lo diferente que puede ser, por ejemplo, el tema la presencia de drogas, para nosotros todo lo demás es calcado. Y nos parecía que, aunque nosotros no podemos reemplazar a los familiares ni lo vamos a hacer, sí era importante decirles que hay responsabilidad del estado, que hay responsabilidad de los empresarios. O sea, que en la medida que puedan no se queden en su casa, porque realmente hay que exigir justicia».
En el comunicado referido se señalan tres cuestiones que enmarcan lo sucedido en Cromañón hace casi doce años y en Costa Salguero hace solo unos días: el desprecio por la vida, la complicidad estatal-empresarial y la culpabilización de las víctimas. Para Silvia la más indignante es la estigmatización que se hace de los jóvenes, porque «hay un planteo sobre la moral de las víctimas, si se drogaban o no se drogaban. En el caso nuestro también se dijo, si bien no hubo en las autopsias restos de droga, de todas maneras el eje es ese. Nosotros pensamos que si hubo drogas -y efectivamente las hubo-, (…) pone en mayor responsabilidad al gobierno de la ciudad y a los empresarios». Por otro lado, continúa, «al culpabilizar a las víctimas, se paraliza al familiar, porque primero empieza a pensar qué cosa pude haber hecho o no, y en segundo lugar está la condena social a quien se droga».
Es que en esta situación, el tema del consumo de drogas o del narcotráfico «saca del medio los otros ejes, o sea, la complicidad de los funcionarios. Porque era un predio que por empezar no estaba habilitado para eso, como ninguno de Costa Salguero, según el código de planeamiento urbano es para espacios verdes. Porque en la fiesta había diez mil, ¡diez mil!, personas más de las que se podían permitir. Porque se vendía agua como si fuera una mercancía y después ya ni siquiera se vendía. O sea, está claro que ahí hubo responsabilidad empresarial eso no pasa desapercibida, estamos hablando de miles y miles de personas. Y estatal, claramente, yo diría peor que en Cromañón, porque allí el estado actuó por omisión, omitió la inhabilitación. Pero acá, el estado permitió esta fiesta privada y, además de permitirla, la permitió en condiciones de una irregularidad impresionante».
Desde la mirada de la integrante de X Memoria… se produce una inversión en las responsabilidades. Aquello que debería ser responsabilidad del estado por tratarse de un evento público, como «la seguridad, el control, la salud, [el estado] lo privatizó. Por ejemplo, obligando a estos empresarios a contratar ellos a las fuerzas de seguridad. (…) Yo no puedo privatizar el control de un lugar que tiene que estar para el público. Y lo que tiene que ser privado -qué le pasó al padre con su hijo, etc.-, eso es privado y se lo quiere hacer público. El otro día leía una nota en Clarín de una psicóloga, todo bien, hablando del diálogo… Esperemos un poco para hablar de diálogo: acá hay muertos y heridos gravísimos. Con los muertos ya no se puede hablar. Entonces realmente es bien desviacionista».
Argumentos como el esgrimido en el artículo en este contexto pone la mirada nuevamente en las víctimas y no en lxs funcionarixs del estado que deben controlar los establecimientos. Al respecto, Bignami sostiene «Nosotros sostenemos que acá hay causales de juicio político a Larreta, porque si Ibarra tuvo un juicio político como lo establece la Constitución de la ciudad, Larreta también. O, por lo menos, empezar por una interpelación. ¿Cómo es que se salva tanto? ¿Cómo es que la Agencia Gubernamental de Control dice que estaba todo bien? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la muerte de todos estos pibes? (…) espero que los legisladores se pongan las pilas (…) ahora el macrismo acaba de bloquear una comisión investigadora, ellos que son tan anticorrupción, que llamen a la comisión investigadora. Si está todo bien, va a decir que está todo bien. Nosotros creemos que no».
De acuerdo a un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad acerca de la concesión y explotación comercial de Costa Salguero, como muchas otras, son ilegales por no respetar el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad (CPU). A pesar de eso, sostiene Silvia, «fue el estado el que habilitó esa condición irregular . O cosas más tontas, hay (…) boliches importantes, tipo Rodizzio que están invadiendo toda la vereda: entonces si yo voy caminando por la vereda y me rompo la pierna con una mesa, ¿soy yo el tarado que no vio una mesa o lo lógico es que en una vereda no haya una mesa? Estoy exagerando el nivel de tontería, pero hay responsabilidad sobre los actos, y en este caso fuertemente el estado y por supuesto, los empresarios que en este país es la máxima ganancia. Imaginate, si en la fiesta hubieran estado los trece mil igual hubieran ganado un montón de plata, pero metieron diez mil más, una cosa así, ocho mil más, es muchísima gente. Esas muertes anunciadas, ¿no?».
Otra de las características del tratamiento estatal -y también mediático- de estos hechos, es el presentarlos como casos aislados, o «accidentes», sin plantear una continuidad de la responsabilidad que tienen y que ellos lo permiten y avalan a partir de las políticas. En relación a las responsabilidades señaladas en Cromañón, Silvia reflexiona «dicen que nosotros conseguimos mucho. Nosotros conseguimos de hecho la destitución de un jefe de gobierno, conseguimos dos juicios relativamente exitosos, hoy se está decidiendo la sentencia a Calderini, el último inspector corrupto, que todavía está trabajando (…) Yo, personalmente, creo que el problema más de fondo es el tipo de sociedad que tenemos, es el capitalismo. Porque fijate que la vida no vale nada. Por supuesto una no se va a sentar a esperar que se derrumbe, entonces mientras tanto, las cosas que hacemos por memoria, verdad y justicia, ayudan. Pero esto es como pensar que con los juicios a la Junta automáticamente desaparecen todas las condiciones que hicieron que treinta mil desaparecieran. Son más complejas estas cosas. Aun así, ese es el mensaje a los familiares de costa Salguero: nosotros creemos que vale la pena luchar, porque sí es acumulativo. Entonces esa acumulación de lucha, sirve».
La relevancia de la lucha por justicia en la causa de Cromañón trasciende las condenas por el hecho en sí: «Ahora hay un antecedente, vos fijate que este antecedente del juicio político a Ibarra sirve tranquilamente como antecedente de al menos comisión investigadora para Larreta. Así como en la causa penal en la condena logramos que fuera por estrago, la tomaron los familiares de Once y también les fue bastante bien y esa fue la condena hacia los empresarios, también por estrago (…) si bien hay impunidad, nosotros creemos que esas pequeñas luces crean el camino para que otros sigan. Por eso alentamos a los familiares. Está el duelo, y eso no hay forma de que lo puedas resolver. Pero si no se lucha, es peor. Esa es nuestra experiencia, nada más, modestamente»