El 31 de mayo pasado, un equipo de abogadxs de DDHH de la provincia de Córdoba hizo una presentación junto a familiares de víctimas de gatillo fácil ante el Fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano. Un documento en el que dejaban registrada su disconformidad con el proceder de las fiscalías y juzgados en las causa de gatillo fácil. A dos meses de esta presentación, este grupo volvió a acercarse a la sede de los tribunales provinciales, esta vez para presentar concretamente un material que evidencia estas irregularidades. Para conversar acerca de lo que estaba sucediendo, durante el Enredando las Mañanas, nos comunicamos con Marisa, integrante del Frente Organizado contra el Código de Faltas y con la abogada Victoria Siloff.
Marisa cronicaba que, a pesar del frío y el clima, un importante número de gente se había reunido en las afueras de tribunales “presentando más concretamente una respuesta a la no respuesta del fiscal general”. La integrante del FOCCOF recordó las circunstancias que rodearon la primera presentación, aquel 31 de mayo, cuando el fiscal realizó denodados esfuerzos para no recibir al grupo de abogadxs y familiares. Sólo ante la presión de la movilización afuera en la calle se vio obligado a recibirlxs, “a pesar de haber vallado absurdamente los tribunales con los propios bancos del edificio, montado un operativo para tratar de desviar la movilización y no recibirnos en su oficina, mandando secretarios, policías”. Sin embargo, una vez ante lxs familiares de víctimas y sus abogadxs poco es lo que dijo, ya que, afirmó Marisa, “cree no estar al tanto y se mostró totalmente desentendido de la situación. Su respuesta fue que le trajéramos un listado de los casos que nos preocupan y un listado detallado de las irregularidades”.
Pedido que resulta como mínimo improcedente por parte de un funcionario de la envergadura de Moyano. La activista antirrepresiva explica que, “a pesar de que estamos convencidos y convencidas de que no es nuestro trabajo, de que el poder judicial tiene la estructura y los recursos suficientes como para revisar e investigar su propia actividad y la actividad de su empleados, trajimos un nuevo documento con los casos que él solicitó”.
En el mismo señalaron la responsabilidad del funcionario en esta tarea de control que ninguna persona de manera independiente puede realizar de manera exhaustiva sin acceder a los mecanismos institucionales e información a los que él sí puede por la naturaleza de su cargo. También puntualizaron que es su responsabilidad recibir a cualquier ciudadano o ciudadana que esté descontento con su accionar como funcionario público, sin desplegar operativos absurdos.
Este 31 de julio la situación no fue muy diferente y Marisa describía cómo nuevamente estaba apostado el personal policial y cerradas las puertas de los tribunales. Pocos minutos antes había llegado la movilización de vecinxs de los barrios, integrantes del Movimiento Popular La Dignidad y esperaban la llegada de algunxs abogadxs más para realizar efectivamente la presentación.
Las “irregularidades” de la justicia
A estas alturas, cuando ya el modus operandi de la justicia en las causas que involucran a personal policial tiene una observable sistematicidad, resulta difícil tomar las evidentes arbitrariedades como irregularidades.
El documento presentado en la mañana de hoy señala varias de ellas que resultan paradigmáticas. Una es el hecho reiterado de que la prisión preventiva a un policía homicida escasas veces es efectivizada, y Marisa señala como ejemplo el caso del policía Armando Murúa, asesino de Lucas Rudzicz, quien se encuentra libre y en funciones, “como si nada hubiera pasado”. Otra circunstancia repetida son los sobreseimientos tramitados a velocidades asombrosas, como en el caso de Raúl Ledesma, un chico asesinado en Los Cortaderos, en el cual la jueza a los quince días de haber ocurrido el homicidio dictó el sobreseimiento del agente, que después fue apelado.
Una cuestión también llamativa es el modo en que en los procesos judiciales, los testigos que surgen de las investigaciones son los propios policías, que otorgan las pruebas y dan testimonios. Cuando las familias se presentan como querellantes, muchas veces no son tomadas en cuenta como tales, acorde a las leyes que rigen.
Posteriormente nos comunicamos con la abogada Victoria Siloff, una de las letradas que presentó el documento, quien compartió las dificultades que tuvieron que sortear las personas designadas -el abogado Carlos Orzaocoa, la entrevistada, Lorena Barraza (hermana de Ezequiel Barraza) y Vanesa Rudzicz (hermana de Lucas Rudzicz)- para llegar a la oficina del Fiscal General Alejandro Moyano, que incluyeron desde el mencionado cierre de los accesos hasta la intimidación por parte de personal de seguridad. Finalmente lograron acceder al funcionario público y hacer entrega en mano del documento, además de señalar las causas a las que se referían en el documento.
El fiscal general “no sabe/no contesta”
Ante las denuncias planteadas en el documento, cuenta la abogada que el fiscal Moyano rápidamente respondió “que no hay una política criminal, en este sentido, digamos, de dejar libres a los policías o de direccionar las investigaciones y mucho menos de generar la impunidad, pero le dijimos que en los hechos quedaba demostrada otra cosa y que era su rol y su deber como fiscal general de la provincia y como cargo jerárquico dentro del Ministerio Público observar estas investigaciones para que cumplan con todas las normas procesales y con toda la legislación internacional, nacional y provincial que hacen a la conducta y el accionar policial”.
El funcionario se comprometió a estudiar las causas referidas y contestar en dos semanas, cuando las organizaciones volverán a presentarse en Tribunales “para ver qué respuesta nos tienen y si efectivamente cumple con lo pactado”. Sin embargo, señala Siloff, “para esto es imprescindible la lucha en la calle (…) porque con gente en la calle, quieran o no, estos funcionarios empleados del poder judicial nos van a tener que recibir”.
Escrache a la justicia
Marisa comentaba que además de la presentación del documento y de la radio abierta que la acompañó, otra de las cosas que montaron en Tribunales fue una serie de escraches a policías y funcionarios judiciales. Sin señalar sus rostros, pero sí sus nombres, cargos y las responsabilidades vinculadas a las decisiones que tomaron en cada caso. “Porque también -explica la integrante del FOCCOF- creemos que esa es otra forma de hacer justicia, justicia colectiva, justicia popular, de nombrarlos y que no estén tranquilos, que no caminen tranquilos”.
Para finalizar, Marisa señaló que la cuestión central sigue siendo, más allá de los procesos judiciales, decir basta al gatillo fácil, “porque no queremos ni un pibe menos, ni una piba menos, y queremos que dejen de perseguir a nuestros pibes y que respeten su derecho a la vida y a la libertad”.