A menos de un mes del femicidio de Yuliana Chevalier, el Fiscal de delitos complejos de la ciudad de San Francisco, Bernardo Alberione, decidió que el policía Alejandro Lovera espere el juicio en libertad. Desde Zumba la Turba nos comunicamos con Daiana, integrante de Mujeres Unidas de San Francisco y con Claudia Mirele, abogada de la familia.
Hace poco más de un mes, el 18 de agosto, Yuliana Chevalier, una joven de veinte años de la localidad de Frontera, murió de un balazo del arma reglamentaria de su pareja Alejandro Lovera, policía de la provincia de Santa Fe.
Entrevista a la abogada Claudia Mirele:
Entrevista a Daiana, Mujeres Unidas:
La primer versión que circuló en los medios de comunicación fue que se trataba de un suicidio. Sin embargo, a la tarde de ese mismo día, el Fiscal Alberione caratuló su muerte como homicidio simple, y con el correr de los días imputó a Lovera incluyendo el agravante del vínculo y del uso de arma de fuego.
El hecho ocurrió en el barrio “La Milka”, de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. Daiana relata que previamente la joven había hecho denuncias por violencia de género contra Lovera, pero que estaban radicadas en la provincia de Santa Fe, sede judicial de Rafaela. En este caso en particular, la cuestión de las jurisdicciones no es menor porque Frontera, donde vivía cotidianamente Yuliana, es una localidad de la provincia de Santa Fe separada tan solo por una calle de la vecina ciudad de San Francisco (Córdoba).
Daiana es integrante de la organización Mujeres Unidas de San Francisco, uno de los espacios que tomó en sus manos la exigencia de justicia por el femicidio de Yuliana junto a la familia. Uno de los reclamos centrales tiene que ver con la modificación de la carátula para incorporar el agravante de violencia de género y abordarlo como femicidio, ya que, explica “Yuliana no solamente falleció por un disparo sino que también el cuerpo presentaba golpes, incluso anteriores al hecho”. Sin embargo, el fiscal no sólo no avanzó en este sentido, sino que “el viernes pasado [22/09] se comenzó a rumorear que Lovera podría llegar a obtener la libertad (…) y efectivamente se comunicó que por falta de mérito en las pruebas Lovera esperaría el juicio en libertad”.
En relación a la carátula, la abogada de la familia de Yuliana, Claudia Mireles, sostiene que “en virtud de la prueba que estamos en este momento viendo el expediente -al que recién hemos podido acceder en esta semana- (…) consideramos que en la autopsia dice que Yuliana tiene golpes pre-mortem, es decir, anterior a la muerte ha tenido golpes. Entonces es como que todo configura para que haya sido no un suicidio como lo quiere hacer pasar Lovera“.
La impunidad que evidencia el tratamiento de Lovera es flagrante: Daiana comparte que en ningún momento estuvo preso en una cárcel, sino que “estuvo siempre en la comisaria, eso también reclamábamos. Que dejara de tener privilegios”. Sin embargo, afirma, “nuestros reclamos no fueron escuchados e incluso, ahora, tiene la libertad”. Los motivos por los que debería permanecer privado de su libertad hasta el juicio tienen que ver con el riesgo procesal en torno a la posible fuga o manipulación de evidencia, pero también, explica, “la familia denuncia que ha recibido amenazas de parte de Lovera mientras estaba preso. Hay amenazas, intimidaciones y llamadas telefónicas, los abogados van a intentar poner una medida cautelar que va justamente contra esto. El debería esperar el juicio en una unidad penitenciaria (…) Nos resultan raras muchas cosas, como se está manejando la justicia”. Ante estas decisiones, la entrevistada afirma que desde la organización sienten “que el fiscal es cómplice del femicida y que se pone foco sobre Yulliana, su vida personal, cuando éste debe estar en Lovera. Confiamos que la presión que podamos poner sirva de algo, por eso nos organizamos”.
Tampoco la abogada Mirele puede ocultar la sorpresa frente a la decisión del fiscal: “tengo muchos años de experiencia, soy Dipomada en criminalística y ciencias forenses, y realmente (…) jamás he visto una persona que con esta calificación legal que se le está investigando como supuesto autor, permitan que esté en la calle. Y además, sumándole a todo esto, ver que es personal policial y que no tiene domicilio en San Francisco, sino en la ciudad de Santa Fe”. Desde la querella están preparando la oposición a esta resolución del fiscal, que presentarán en los primeros días de la semana próxima. La decisión definitiva recaerá sobre el juez de control de San Francisco.
La letrada detalla que a nivel jurídico la decisión es doblemente injustificable, ya que “lo sorprendente es que se le permita estar en libertad no solo hasta el juicio, sino durante la tramitación del proceso (…) por la calificación legal y por la pena supuesta que le podría caer de hecho en caso de que sea considerado culpable en un posterior juicio que sabemos que es perpetua”. La abogada señala además que tampoco es frecuente la etapa procesal en la que se toma esta decisión, ya que no se ha concluido la investigación y todavía existen posibilidades de incorporación de nuevos testigos. También las amenazas denunciadas por la tía y la abuela de Yuliana suman a “la peligrosidad procesal de que esta persona se encuentre en libertad mientras se tramita el proceso”.
La ocupación de Lovera no parece ser un detalle en el relato de esta historia que tuvo un cruento final para Yuliana. Más allá de los evidentes privilegios y la impunidad de los que hoy goza a nivel judicial, el femicida conoció a la joven en una situación de extrema vulnerabilidad, cuando ella acudió a la comisaría a realizar una denuncia por abuso. Los relatos familiares dan cuenta de que posteriormente el policía frecuentemente “caía a la casa” en el móvil.
Finalmente, Daiana manifiesta su preocupación ante la escasa repercusión social que ha tenido el femicidio de Yuliana, tanto en las convocatorias realizadas para exigir justicia, como en el abordaje en los medios de comunicación locales que lo han ignorado o se han dedicado a “hablar bastante de Yuliana y poco se habla de Lovera que es el femicida (…), culpabilizando a la víctima”. De hecho, trascendió que el efectivo policial habría sido ya trasladado de otra localidad por denuncias por violencia de género.