En el Enredando Las Mañanas en Zumba la Turba conversamos con Eugenio Talbot Wright, comunicador e integrante de HIJOS Córdoba, apenas unas horas antes de conocerse la sentencia de la “Causa de los Magistrados”. La misma se conocerá este martes 7 de noviembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba
Los imputados en esta causa son Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Alvarez y Ricardo Haro, juzgados por abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y encubrimiento. Esta causa es un desprendimiento de la denominada “VIDELA- UP1” en la que se investigan hechos cometidos en los Centros de Detenciones Clandestinos de Córdoba y en la Unidad Penitenciaria N°1, durante el año 1976.
Es la primera vez que miembros de la Justicia federal cordobesa son juzgados por el encubrimiento de delitos durante la última dictadura cívico-militar. Desaparición de personas, torturas, violaciones, asesinatos, sucedieron en el marco de un Plan Sistemático de Exterminio en el que la institución Judicial ocupó un rol clave.
En conversación con el Enredando las mañanas Eugenio Talbot Wright de HIJOS Córdoba comentó que los imputados tienen nombres que son emblemáticos en la Justicia cordobesa, y que a algunos les ha llegado lo que llaman la “impunidad biológica”, falleciendo antes que se sustancie el juicio. “Este juicio -explica- se ha dilatado muchísimo, debió integrar una causa mayor que fue la causa Videla en el 2010. Si hubieran sido integrados a esta causa las imputaciones hubiesen sido mucho más altas. Pero desgraciadamente, gracias a la complicidad de sectores del poder judicial, hicieron que llegara desprendida de la causa Videla y que las acusaciones sean mínimas”. Es clara la intencionalidad de invisibilizar públicamente la causa y las maniobras para minimizar las condenas a estos cuatro magistrados.
Al respecto, el entrevistado comentaba sus impresiones políticas en el proceso del juicio: “Cuando comenzamos en julio justo se dictaba sentencia en Mendoza y se aplicaban condenas de cadena perpetua a funcionarios del poder judicial durante el terrorismo de Estado. Sabemos que por las características del juicio ésto no va a pasar en Córdoba. Se ha llevado a cabo en condiciones bastante desfavorables. Se hizo en Tribunales Federales II, donde la sala de audiencias tiene una capacidad para diez personas. Un lugar bastante cerrado, los testigos se sienten con claustrofobia. Hemos vivido salir del baño y tener que encontrarnos con alguno de los imputados. Habían habilitado un garaje para la sentencia para que pudieran entrar más familiares, pero ninguno quiso entrar a ese garage porque tiene el mismo aspecto que una celda de la D2. También hemos tenido que ver a personas esposada por otras causas pasar por el lado nuestro mientras estábamos cubriendo periodísticamente la causa…En esas condiciones hemos trabajado este juicio”.
Las dilaciones y las condiciones adversas que describe Talbot Wright tienen que ver, por un lado, con la respuesta corporativa que da el propio poder judicial. Por otro, las dificultades para visibilizar la participación necesaria del poder judicial como eslabón que cierra los círculos de impunidad. Al respecto, Eugenio seguía comentando que “ya en 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaba la participación de Zamboni y Ledesma y Otero Álvarez como algunos de los partícipes necesarios que pudiesen darse las situaciones que denunciaban los familiares de los desaparecidos y los presos políticos. Esta continuidad se ha visto plasmada en el tiempo”.
Para Talbot, esta es la razón por la que ahora no sólo se están juzgando las acciones del terrorismo de Estado, sino que se está juzgando la acción de la justicia hasta el día de hoy. “Porque los magistrados -continúa analizando- que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados, a pesar de que se los juzga por crímenes ocurridos hasta el año 1986, podrían haber declarado en democracia lo que presenciaron en la D2, el estado de los presos y las presas en la UP1, o sobre el montaje por el que fueron fusilados los presos utilizada la ley de fuga, pero nunca hablaron”.
Con respecto a las imputaciones, el entrevistado argumenta: “es casi ridículo, se los acusa por imcumplimiento de la acción de promover acción penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento por la inacción de denunciar delitos (…) casi ninguna tiene una pena mayor de cuatro o cinco años, a pesar de que la fiscalía pedía un poco más de años. Por lo que también nosotros creemos que de respetarse estas penas quedarían excarcelables. Otras hubieran sido las imputaciones si esta causa hubiera sido incluida en la de Videla en el 2010, por treinta compañeros y compañeras asesinados en la UP1, algunos directamente por la ley de fugas, otro estaqueado y crucificado dentro del penal y otro por un tiro en la cabeza porque no soportaba más las tortura”. Es casi palpable la manera en la que el propio poder judicial se está protegiendo a sí mismo, creando las condiciones necesarias para dejar prácticamente en libertad a los jueces responsables de delitos de lesa humanidad.
Toda sentencia es política
“Toda sentencia también es política”, afirma Eugenio relacionando el juicio con los nuevos contextos políticos que vivimos. “En los últimos días del juicio hemos tenido que escuchar barbaridades de los abogados defensores, como que se les recriminaba a los fiscales ir de pantalón de jean a las audiencias, o que se lo acusaba al abogado Gonella de pertenecer a una organización ilegal por pertenecer a Justicia Legítima; que la mejor referente que nosotros podemos tener de los derechos humanos es Fernandez Meijide… Más allá de las valoraciones personales que nosotros podamos tener ésto no tiene nada que ver con la defensa de los imputados. Habla de los posiciones políticas que están teniendo los defensores y hacia dónde puede llegar a marchar este fallo judicial. Así que nosotros apelamos a la responsabilidad de los jueces. Responsabilidad importantísima. Recordemos que esta causa se dilató muchísimo porque todos los jueces se iban apartando por tener relaciones de amistad con los imputados. Y recién llegamos ahora con un juez que viene de Uruguay y poder imputar a los imputados”.
Se siente un clima social a nivel nacional que hace imprescindible renovar la memoria histórica, para reivindicar, sostener y transmitir a todas las generaciones el porqué de estos juicios. “Por eso -enfatiza el entrevistado- debemos sacar el juicio a la calle y a los medios, sacarlos de los palacios de tribunales, si bien respetamos lo que dice la justicia, creemos que podemos decir mucho más a aquellos que se sienten interpelados por la realidad de ayer y de hoy”.
En estos momentos se espera la sentencia final a los cuatro magistrados imputados en Hipólito Irigoyen y Crisol, en el Palacio de Tribunal Oral N° 2, a las 10 hs, previo a escuchar las palabras finales de los acusados.