Una ley que modifica la transferencia de ingresos hacia los viejos y los niños sólo se impone con gases, castigo, amenazas, presiones y golpes a diputados, represión directa y decretos de necesidad y urgencia. Pero también se aplica, como una inyección en la nalga institucional, con complicidad, acuerdos horribles, sindicatos que transan y organismos internacionales que aprietan el cuello de un país que languidece en la caliente iniquidad de diciembre.
Por: Silvana Melo, APE/ Resumen Latinoamericano/
La imagen del fotógrafo Pablo Piovano –el mismo que hizo viajar en blanco y negro a las víctimas envenenadas del extractivismo- con catorce disparos en el cuerpo, sangrante e insistiendo con su cámara pertinaz, es lo más parecido a un símbolo. Las fuerzas de inseguridad han profundizado, en los últimos tiempos, su trabajo original para el que las formó el Estado: la aniquilación de cualquier chispa de rebeldía ante lo establecido. Que está establecido por millones de votos, acunado por los poderes económicos y por los propietarios de la tierra y el cielo, impulsado por los peores gajos de la mandarina social, sostenido por todas las fuerzas represivas, aquellas que hace cuatro años no más se reivindicaban trabajadores y buscaban sindicalizarse para gestionar, entre otras cosas, que no haya huellas de los enfrentamientos por la espalda con armas de grueso calibre. Como las gomeras de Villa Mascardi.
Pero las nueve horas de represión fueron ayer, acá. En el corazón republicano. Donde discuten los representantes. O al menos los que se arrogan representaciones discutibles. Muchos que finalmente representan a las antípodas de lo que fue el sujeto de su discurso. Pero insisten con la mentira descarada de que un “ahorro” de cien mil millones a costa del ingreso de los niños y los viejos no afectará la cifra de los haberes. No hay camino posible para demostrar que la reforma previsional puede beneficiar a sus destinatarios. Pero contaban con que los extremos más vulnerables de la vida tienen escaso poder de daño callejero. No tienen sindicatos, les duelen los huesos para movilizarse, se les antoja chocolate, no ven bien, quieren hacer pis en medio del gaseo.
Seis millones y medio de niños pobres no salen a la calle. Cuatro millones de jubilados que intentan vivir con siete mil pesos no soportan el sol de diciembre en el pavimento ni los gases de la policía.
Es ahí, entonces, donde hay que tocar. Porque el déficit fiscal, porque el agujero a tapar, porque se necesita racionalidad, porque el mundo pide previsibilidad. Entonces se utiliza la palabra ahorro como antes se aplicó gasto. Se ahorra en personas como antes se gastó en personas. Viejos y chicos. Se presiona, se amenaza, se aprieta con la supervivencia de las provincias. Los gobernadores suelen responder a los fondos más que a convicciones que se van con las inundaciones y los vendabales. Entonces acuerdan por dinero y por los limones que Tucumán le vende a Coca Cola para fabricar las bebidas azucaradas que detonan en los niños la obesidad y la diabetes.
La economía macro se devora a las personas. Especialmente si son débiles, frágiles, se enferman, no producen y generan gasto constante. Con ellas se suelen tapar los agujeros. Fiscales, políticos, publicitarios. No tienen cara ni historias ni huesos ni sangre. Son tapones sociales.
Para que el engranaje funcione hay que aceitarlo con miedo, con parálisis, con terror. Con miles de gendarmes lejos de las fronteras y puestos a castigar y a matar cuando es necesario. Como en el sur, lejos del corazón de la patria, donde nadie ve y se puede mentir alegremente. Pero acá está todo: las cámaras, los espejos, los celulares, el centro del mundo, la OMC, el G 20, el kiosco del FMI, el ombligo del sistema. Todo en la más aterradora de las vidrieras. Federales con el beneficio de la duda, disparándoles a fotógrafos a medio metro, golpeando con alevosía legitimada políticamente (Eduardo Amadeo considerando “perfecto” el gas en el rostro de una diputada), gaseando a cualquiera, disparando a cualquiera, ciegamente, de cacería por el Congreso, donde habitualmente duermen familias atrapadas por la intemperie, donde se mueven oxidadas y cansinas las instituciones.
La cacería y el horror. Para evitar que la asignación por hijo (1.412 pesos) aumente desaforadamente cada seis meses. Para evitar que la jubilación mínima (7.246 pesos) suba alocadamente en una fiesta de gasto público y jubilados a Aruba.
Entonces un decreto, la bala de plata para la república. O reforzar el apriete. O armar quorum con diputados ilegales. O vigilar y castigar, adentro y afuera.
La presión de la vidriera irrespetuosa, de los fotógrafos, de algunos cronistas, de la militancia y de la gente anónima terminó levantando una sesión insostenible. Pero no es una victoria: es apenas una tregua.
Cien mil millones que son un vuelto en las retenciones a los supermineros o a los superpools sojeros o a las supercompañías que extraen el oro y los pulmones de una tierra agotada. Pero ellos tienen con qué apretar. Porque ellos son el poder.
Los viejos y los chicos son el descarte sistémico. Los tapones para cubrir el déficit de la historia.