El miércoles 22 de agosto se realizó, frente a Tribunales II de la ciudad de Córdoba, una nueva Concentración de los Barbijos, convocada por el Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Tras 16 años de lucha, la concentración se realizó para denunciar la paralización de la causa “Amuchástegui y otros” por el delito de contaminación ambiental. Ese miércoles se cumplían seis años de la primera condena por poner en peligro la salud de la población mediante fumigaciones con agrotóxicos. Esto sucedió en 2012, en el marco de la causa “Gabrielli y otros”, cuando el productor agropecuario Francisco Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancello fueron condenados a tres años de prisión condicional.
La causa “Amuchastegui y otros” es denominada “Causa Madre” porque trata de los primeros hechos denunciados en 2002, tipificados en el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que se refiere a contaminar el agua, el aire, o el suelo de forma peligrosa para la salud. La importancia de esta causa, radica en que, de ser encontrados culpables Parra y Pancello, sería su segunda condena por el mismo tipo de delito por lo que la misma debería ser de cumplimiento efectivo. Quizás aquí radique el motivo de su paralización.
En esta causa, también están imputados, además de Parra y Pancello, Javier y Fernando Amuchástegui, directivos de la empresa Tecnocampo S.A., la ingeniera agrónoma Alejandra Mendizabal Pizarro y Gustavo Amaya, otro aeroaplicador. 
La llamada “Causa Madre” es importante para la reparación de todos los pueblos que luchan contra la contaminación. En este sentido, Vita, integrante de Madres de Barrio Ituzaingó comenta que, “mientras algunos se quedan con el lucro de la soja transgénica, la mayoría se queda con cáncer y abortos espontáneos. Queremos juicio y condena para los acusados (…) Creo que el tiempo de la Justicia, no es el mismo que el nuestro. Las personas que están con problemas de salud no pueden esperar 10 años, como ya ha pasado. Esta causa ya fue presentada en el 2002 y pasaron 10 años, entre cajón y cajón, así fue que pasó el tiempo y la gente que presentó las querellas en esa época ya no vive, murieron”.
Los 10 años a los que se refiere Vita son los transcurridos entre 2002, año de la denuncia, y 2012, año en que recién fue asignada al fiscal de instrucción Carlos Matheu.
Hoy las Madres han cambiado de abogado buscando darle impulso a la causa. Es el Dr. German Matheu el nuevo letrado, con quien conversamos para lograr más claridad respecto a esta causa compleja. Matheu empieza aclarando, respecto a la paralización actual, que “entiendo, por conocimiento del proceso, que la paralización a la que se refieren es la falta de audiencia. Concretamente la causa fue elevada a juicio en el 2013, pero hay que señalar una realidad que no compete a la Cámara, que es que se han perdido dos años en vías recursivas, que son derechos que tienen los imputados”.
Más allá de la demora por recursos presentados por la defensa de los acusados, el abogado de las Madres explica que “lo importante de esta causa pasa por verla en forma general, esta causa se inició en 2002 y estamos en el año 2018, han transcurrido muchos años, más allá de esta demora concreta actual. Fue una causa que estuvo paralizada durante 10 años, hasta que fue asignada en el 2012, a quien era fiscal de instrucción, Carlos Matheu, que la termina elevando y concluyendo en el 2013. Esa década paralizada de esta causa, trajo consecuencias graves para estas personas. Principalmente, se presentó la dificultad de haber recabado pruebas que arrojen más hechos acreditados de fumigaciones o, como se llaman técnicamente, “pulverizaciones.”
Profundizando en los detalles importantes de la causa, Matheu explica que “hoy en día hay un hecho concreto de marzo de 2004 por el que se va a debate por el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, por haber utilizado agroquímicos, que esta ley considera como peligrosos, haberlos utilizado contaminando el ambiente, y esa contaminación haberla hecho de manera peligrosa para la salud de esa población.”
El agravante de este hecho, cuenta el letrado, consiste en que “desde el año 2002 había una ordenanza municipal que regía en barrio Ituzaingo, que había declarado la emergencia sanitaria, precisamente por la cantidad de casos de cáncer que se habían detectado. Y luego, en 2003, la misma municipalidad dicta otra ordenanza que prohibía “todo tipo de fumigación en el barrio.”
Otra consecuencia grave de esos diez años de paralización, fue, al decir de Matheu, que “produjo la prescripción de todas las responsabilidades penales de quienes eran ministros de ambiente, salud y agricultura, por omisión de los deberes de funcionario público, porque no resguardaron la salud de barrio Ituzaingo.”
Matheu finaliza la entrevista advirtiendo que “lo importante es que la población entienda, que la ley que estamos tratando, la base del debate, la Ley de Residuos Peligrosos, contempla esta figura no solo para el aire, sino para el suelo y para el agua”. Es decir cualquier tipo de contaminación de residuos considerados peligrosos. O sea, cualquier persona puede concurrir a una Fiscalía de Instrucción y presentar una denuncia, porque es un delito penal y el Ministerio Público tiene la obligación de realizar la investigación penal preparatoria por ello. “Esta causa debe concientizar a la gente de que nadie está exento de esto” –concluye el abogado.
Vita recuerda también los principios de esta historia: “La ronda de los barbijos la comenzamos cuando fue el juicio del 2012, porque la sentencia de Tribunales II, fue el delito de fumigar en las zonas urbanas, luego pasa al Tribunal Superior y ahí empezamos a hacer la ronda para que se ratifique el fallo. De ahí la seguimos haciendo, justamente pidiendo Justicia. Que la Justicia decida por todos los daños que hace esta causa. No solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Para que se actúe, que la gente tome conciencia de que los venenos que nos tiran no son agua bendita, nos perjudican a todos, nos están poniendo en riesgo”.
Hoy las consecuencias de los agrotóxicos las tienen en el cuerpo. Las enfermedades se siguen dando, el tiempo sigue pasando y la solución no está. Por eso piden la elevación a juicio y audiencia pública de la “Causa Madre”.