Por Francisco Godinez Galay, CPR-CEPPAS. Estas son algunas de las deudas de la gestión anterior y nuevos temas que a nuestro criterio serán fundamentales para el ciclo que comienza.
Mediante el decreto 13 de 2015, el mismo 10 de diciembre que asumió la presidencia Mauricio Macri, se creó el Ministerio de Comunicaciones. Según se establece en la norma, la intención es que bajo su égida quede la administración de AFSCA y AFTIC (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), hoy dependientes directamente de presidencia. Como ministro, se designó al radical Oscar Aguad.
Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos del flamante ministerio? Estas son algunas de las deudas de la gestión anterior y nuevos temas que a nuestro criterio serán fundamentales para el ciclo que comienza:
1. Medios comunitarios. Durante 6 años de ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se fueron logrando avances a cuentagotas, para finalizar con una resolución que otorga el reconocimiento a una centena de radios comunitarias. Pero no es suficiente. Para garantizar el derecho a la comunicación y construir un sistema de medios democrático, será necesario que se regularice el panorama mediante realización integral de planes técnicos, llamados a concurso, otorgamiento de licencias y fondos específicos, y sobre todo, el reconocimiento del valor de este tipo de medios, tanto en lo simbólico como en lo concreto.
2. Desconcentración. No existe sociedad democrática en donde la palabra la acaparen unos pocos. El espíritu contenido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nunca fue del todo realizado. Es menester avanzar en la desinversión de los grupos excedidos en cantidad de licencias. Un desafío puntual será si se opta o no por hacer cumplir la ley al Grupo Clarín y si se mantiene a raya a grupos como Telefónica. El punto es neurálgico porque de eso depende construir o no un sistema de medios en donde haya más voces, más discursos, donde todos los sectores estén expresados, y eso redunde en contar con mejores herramientas para el desempeño ciudadano o no.3. Publicidad oficial. El siempre álgido tema de la pauta oficial no fue tratado por la Ley de SCA ni por el anterior gobierno, salvo para la clásica utilización como sistema de premios y castigos. Es necesario ir hacia una ley democrática de publicidad oficial que se atenga a los estándares internacionales tanto en la materia como en cuanto a libertad de expresión en general, y hacia un rol proactivo en la materia por parte del futuro Ministerio.
4. Convergencia. Si bien la existencia por separado de una ley para medios audiovisuales y otra para telecomunicaciones, como así dos organismos separados, tuvo su razón de ser, la creación de un Ministerio de Comunicaciones que centralice ambos temas, tiene el desafío de que eso signifique modernizar la acción del Estado en la materia, pero que a la vez no suponga el avasallamiento o una indiferenciación que licúe las especificidades y necesidades de cada sector. Habrá que prestar especial atención a la modernización de las redes, a garantizar los servicios, a los derechos digitales, y a que ningun jugador acapare mercado.
5. Comunicación como un derecho. La nueva gestión deberá entender que la comunicación no es solo un servicio asociado al consumo, sino que sobre todo se trata de un derecho que debe ser garantizado, porque además es fundamental para garantizar todo el abanico de derechos. Una mirada sobre la comunicación que se centre en generar condiciones para crear valor y competencia a nivel mercantil, estará equivocando el rumbo con respecto al verdadero rol del sector: hacer que la ciudadanía pueda comunicarse entre sí, acceder a información, expresarse. Por eso, se debe garantizar la independencia y representatividad plural de los órganos de aplicación. Y se deben generar programas de fomento económico para experiencias de medios con menos posibilidades de sostenimiento.
Para complementar, entre otros desafíos que se abren en 2016 en torno a la comunicación, algunos corresponderán a la conducta que tenga el Poder Legislativo. Deberá ser capaz de propender a la convergencia, sin encapricharse con desintegrar todo lo construido, y encarar las reformas que sean convenientes y necesarias. No hace falta tirar todo abajo y empezar de cero. Al contrario, sería un grave error.
Asimismo, será fundamental ver cómo se encaran los debates en torno a leyes urgentes como de pauta oficial y de acceso a la información pública.
Debemos mencionar, a su vez, que habrá que estar atentos para que la absorción de AFSCA y AFTIC por parte de un Ministerio, no atente contra el diseño institucional consagrado por ley. AFSCA y AFTIC son órganos autárquicos, lo cual tiene la potencialidad, al menos en los papeles, de garantizar margen de acción, independencia, y para posibilitar algunas competencias. Si bien todo órgano autárquico, depende de alguna instancia estatal, las competencias previstas en el decreto 13/2015 para el nuevo Ministerio, implican la dependencia de las directivas del Poder Ejecutivo. Esto, a priori, entorpecería un funcionamiento institucional transparente. Si bien la autonomía del organismo no es garantía de independencia y buen funcionamiento -no lo ha sido en estos seis años-, la dependencia directa del poder de turno, impide la posibilidad en contrario.