Cintya, presa en Bouwer, tenía un embarazo con fecha para los primeros días de agosto. Su estado de salud y su embarazo eran muy delicados porque tiene anemia crónica y está medicada.
El miércoles por la mañana comenzó a tener dolores y junto a sus compañeras pidieron varias veces atención médica urgente al Servicio Penitenciario (SP), la cual le fue negada. Luego de más de dos horas de reclamo, el médico del establecimiento la revisa y la vuelve a enviar al pabellón.
Esa misma tarde Cintya se descompensa por los fuertes dolores abdominales. Es recién en ese momento que el SP decide llevarla a la Maternidad Provincial y cuando llega le detectan una fuerte hemorragia interna. Perdió a su bebé, lo parió muerto.
Ella quedó en terapia intensiva.
Ocho hijes la esperan fuera de la cárcel y la Justicia Federal dio lugar al pedido de prisión domiciliaria para que pudiera pasar su delicado embarazo en un lugar seguro. Pero la Justicia Provincial le negó ese derecho y la obligó a tener un aborto en el lugar más inseguro de Córdoba, la cárcel de Bouwer.
Durante el Aislamiento Social Obligatorio la OMS, la ONU y Cámara de Casación Penal, entre otras, recomendaron otorgar prisión domiciliaria y morigeraciones de penas a personas que esten privadas de su libertad por delitos leves, que esten prontas a salir en libertad o con prisiones preventivas; con el criterio de dar prioridad a las que conforman los grupos de riesgo ante la pandemia. Haciendo caso a estas recomendaciones, la justicia provincial creó la Cámara de Receso Judicial Extraordinario de Córdoba, a cargo de los vocales Marcelo Jaime, Inés Lucero y Martín Bertone, que evaluó 380 pedidos de prisión domiciliaria durante los primeros meses de pandemia. Sólo otorgaron 4. Entre las solicitudes rechazadas estaba la de Cintya.
A Cintya no le tocó acceder a la prisión domiciliaria que le correspondía por derecho. Junto a su anemia crónica y embarazo delicado le tocó padecer las torturas del Servicio Penitenciario de Córdoba. Porque tener que gritar, llorar y patalear para recibir algo tan básico como atención médica, es tortura. Y que además deba llegar al punto de tener una hemorragia interna gravísima y quedar en terapia intensiva para que las autoridades se volteen a ver, es tortura.
Que en Bouwer las mujeres presas deban estar al borde de la muerte o en muchos casos perder sus vida antes de ser sacadas de la penitenciaria para acceder a la salud es asesinato a cargo del SPC, de la justicia y del estado.
Esto no ocurre por primera vez en la cárcel, el año pasado Grecia Catalina Gomez perdió un embarazo de cuatro meses por no ser llevada a tiempo al hospital.
Cintya sigue en terapia intensiva con el acompañamiento de su familia y con toda la fuerza de sus compañeras presas que pocas noticias reciben de ella.