El 14, 15 y 16 de octubre se realizó en la ciudad de Bariloche el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Nº 36, en el cual participaron más de 80 mil personas. Hubo 102 talleres durante los tres días, y cada taller contó con dos instancias de debate y una de conclusiones. Desde Zumba la Turba cubrimos el taller “Cárceles y Sistema Penitenciario” enmarcado en el eje de Derechos Humanos.
El taller comenzó el sábado a las 15 hs y contó con la participación de personas de diversos ámbitos como estudiantes universitarios que hacen actividades extensionistas en las cárceles, abogades, trabajadorxs sociales de contextos de encierro y de otras instituciones, ex preses, militantes anticarcelarixs, integrantes de movimientos sociales y de partidos políticos, y una administrativa del Sistema Penitenciario.
En el debate se propusieron ciertas temáticas de las cuales se logró abordar las relacionadas con la situación actual de los contextos de encierro: el acceso a la salud, la educación y el trabajo de las personas presas, el “post encierro”, las madres y las infancias presas. La temática de disidencias privadas de su libertad no se llegó a desarrollar en profundidad en el taller, como tampoco los casos de las personas Mapuche presxs o judicializadas en el territorio.
Escuchamos a Rocío Jara del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) de La Plata, asistente al taller.
En relación a la situación edilicia se cuestionó el discurso de algunos sectores que plantean invertir dinero para agrandar las cárceles o construir más, desconociendo que la problemática de la sobrepoblación no tiene que ver sólo con la infraestructura, sino, sobre todo, con la lógica estatal de dar respuesta con cárcel a las problemáticas sociales como la pobreza y el hambre, lo que provoca un desmedido aumento del número de personas privadas de su libertad. Además se argumentó que la comida en mal estado y las pocas raciones que reciben lxs presxs, como la pésima situación sanitaria en las que están obligades a vivir son cuestiones a resolver urgente, antes de invertir en la construcción de más penales.
La implicancia del sistema judicial es fundamental cuando se habla de hacinamiento en las cárceles ya que, como se compartió en el taller, el exceso de prisiones preventivas hace que un gran número de personas que aún no accedieron a un juicio, es decir que no se conoce si son culpables o inocentes, deban esperar por mucho tiempo su juicio en la cárcel, cumpliendo anticipadamente una condena que todavía no fue dictada.
En cuanto a las condiciones sanitarias hubo varias denuncias, por ejemplo desde Fiske Menuko, Río Negro, se denunciaron graves casos de tuberculosis dentro del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2, y alertaron sobre la falta de asistencia y aislamiento de los mismos. También, agrupaciones que acompañan a personas gestantes denunciaron situaciones de violencia obstétrica como la obligación de parir esposadas o los tratos denigrantes que reciben de médicos y policías. Un dato relevante es que el sistema penitenciario de todas las provincias allí presentes sólo habilita una o dos salidas como máximo por control obstétrico durante los 9 meses del embarazo.
Muchos de los abortos que ocurren en los contextos de encierro son causados por la tortura del servicio penitenciario al negar el derecho a la salud, o por abortos espontáneos, y el sistema judicial interviene sólo para juzgar a esas personas gestantes y extender sus condenas. Recordemos el caso de Cintya, quien en el 2020 fue obligada a abortar por el Servicio Penitenciario de Córdoba cuando le negaron la asistencia médica urgente, teniendo que parir luego a su bebé muerto.
Escuchamos a Romina, ex presa e integrante del MTE de La Plata.
En cuanto a la educación, ex preses, docentes y talleristas, describieron en detalle las estrategias que despliegan los Servicio Penitenciario (SP) de los distintos penales para “boicotear” los talleres educativos y recreativos que se llevan a cabo dentro de los contextos de encierro. Estos talleres, que a veces son fundamentales para sobrevivir el encierro, adquieren un carácter de premio y castigo, y no de derecho. Muchas veces no permiten la participación de lxs presxs como una forma de sanción, no les permiten salir o les imponen requisas en el horario de los talleres para que no puedan asistir. Incluso hubo talleristas que aseguraron que el SP censuró su espacio de taller, lxs amenazó y más tarde descubrieron que sus teléfonos estaban pinchados.
Cabe aclarar que actualmente los talleres se dan únicamente en algunas provincias o penitenciarias donde existen este tipo de propuestas educativas y recreativas, y dónde el SP permite llevarlas a cabo. Por ejemplo en la provincia de Córdoba, desde la pandemia, se dieron de baja todos los talleres, y nunca se retomaron; a pesar de que las propuestas educativas están, las puertas no se abren.
Por otro lado, se puntualizó en la doble condena que sufren las mujeres y disidencias en varios aspectos. Las personas que maternan cargan con el doble estigma, por un lado de estar privadxs de su libertad y por otro el de ser “madres abandónicas o malas madres”. La mayoría de las personas presas en los penales de mujeres y disidencias, son jefas de hogar o sostienen las redes de cuidado intrafamiliar, por lo que cuando son detenidas, esas redes se rompen. Esto tiene como resultado que sean las menos visitadas y acompañadas por sus familias. Hay una gran diferencia con los penales de varones, ya que generalmente quienes sostienen las redes de cuidado y asisten a esos presos son las propias mujeres.
Por último llamó la atención la estrategia de los partidos políticos presentes al cercenar el diálogo y el intercambio proponiendo como única salida el “votar bien”, para poder `debatir´ con los gobiernos de turno las próximas políticas reformistas de las cárceles.
Esto derivó en algunas discusiones sobre cómo los feminismos y transfeminismos encaran las problemáticas de los contextos de encierro, ya que si bien existen estos espacios para el diálogo, en la práctica hay mucho camino por recorrer y son pocos los colectivos transfeministas dentro de la lucha por los derechos en las cárceles.
Escuchamos a Pol, militante anticarcelario y asistente al taller.
Entre las conclusiones del taller se acordó sobre la necesidad e importancia de trabajar en red para acompañar a lxs presxs tanto en su tránsito por las carceles, ya que la violación a todos los derechos humanos se hace inaudita, como una vez que recuperan su libertad, por el estigma que conlleva el encierro. En este sentido se destacó la relevancia que tienen las cooperativas de trabajo de ex detenides por el acompañamiento y la posibilidad de un ingreso para sostenerse a sí mismos y a sus familias.
Se planteó como urgente la necesidad de cuestionar el discurso social estigmatizante y marginador sobre las personas presas para, en su lugar, entenderles como sujetos de derecho y merecedores de una vida digna.
Con esta realidad no se puede pensar a las cárceles y al encierro como “formas de reinserción social”. Queda en evidencia que el Sistema Penitenciario tiene autonomía para actuar de manera nefasta y torturar de múltiples formas a las personas privadas de su libertad, en concomitancia con el sistema judicial.
Luego del cierre de los talleres, el 16 de octubre se realizó la multitudinaria marcha por las calles de Bariloche, y allí varias personas dejaron en claro que Puel Mapu, sede del encuentro, no es un territorio pacifico porque hasta el día de hoy el estado, su aparato represivo y los sicarios del sistema económico privado persiguen, encarcelan, destruyen las rukas, roban y asesinan a los pueblos y naciones originarios. El Pueblo-Nación Mapuche, entre otras reivindicaciones, marchó exigiendo la libertad de la lagmien Jéssica Bonnefoi Carriqueo Antimil, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, que está detenida desde octubre de 2022 por la Justicia Federal y hoy se encuentra en arresto domiciliario lejos de sus hijxs.
