El gobernador Martin Laryora anunció la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad. La inversión presupuestaria es de 109 mil millones de pesos. El Movimiento Anticarcelario emitió un comunicado expresando su posicionamiento.
Durante la conferencia del 31 de marzo, el gobernador anunció la inversión de 109 millones de pesos para la creación del CEMAX, centro penitenciario de máxima seguridad de la provincia.
Ante esta situación el Movimiento Anticarcelario de Córdoba denunció el incremento de las políticas represivas y tortuosas en las cárceles. Reproducimos el comunicado completo:
Llaryora anuncia con bombos y platillos una cárcel de máxima seguridad en Córdoba, como el mejor alumno de la Bulrich y de Milei, aspirando a ser los bukeles argentinos todos ellos.
El 31 de marzo el gobernador Martin Laryora anunció la construcción del CEMAX como el primer centro penitenciario de máxima seguridad de la provincia. La inversión presupuestaria es de 109 mil millones de pesos. En el acto de presentación el gobernador declaró: “Nuestro compromiso será que el miedo lo tengan los delincuentes y no la gente. Necesitamos reforzar nuestra actividad para garantizar la libertad y la vida de los vecinos que actúan honradamente.”
Mucho podemos decir desde el Movimiento Anticarcelario de Córdoba con respecto a ambas cosas. Por un lado, en un marco donde las cárceles de la ciudad estuvieron sin agua durante casi 40 dias, luego, la presentación del habeas corpus por la cantidad de personas encarceladas con prisión preventiva y sin avances en sus causas por parte del poder judicial, el hacinamiento que provoca, y ni hablar de las muertes dentro del sistema penitenciario que aumentan cada año. Por otro lado, el discurso amoldado al gobierno nacional de Javier Milei y la ministra de seguridad Patricia Burrlich, que aspiran a ser los bukeles de Argentina con un avance punitivista como respuesta a los problemas de seguridad.
Llaryora dice que es para que “sean los delicuentes quienes tengan miedo”. ¿Cuáles? Porque cada vez queda más en evidencia que los estafadores, la corrupción y el saqueo de nuestros bienes comunes lo realiza la “casta política”, los gobiernos y, en este caso, los más altos mandos del servicio penitenciario. Entonces, ¿El pueblo de que tenemos miedo? De no tener trabajo, de no poder alimentarnos, de no tener techo, de no tener salud pública y de no acceder a la educación pública. Y mucho más miedo tenemos a ser denetidxs por pobres, por portación de rostro, por nuestra sexualidad, por ser inmigrante, por reclamar nuestros derechos básicos sociales, y si nos llegan a detener nosotrxs y nuestras familias no saben si volveremos con vida. A ese miedo lo venimos enfrentando con solidaridad, con organización, con sensibilidad y humanización en las calles, luchando. Lo que hace falta para tener seguridad es el respeto de los derechos humanos, derechos sociales y democráticos. Este respeto es tanto en contexto de encierro, cárceles e instituciones psiquiátricas y/o de recuperación de jóvenes, como fuera de estos contextos.
Con esa cárcel de máxima seguridad que se presenta como novedad se intenta ocultar que las condiciones de tortura ya vienen existiendo desde hace 10 años aproximadanente. Ya existen pabellones de ENCIERRO TOTAL CON 1 O 2 HORAS PARA SALIR A un “ESPACIO COMÚN” DEL PABELLÓN, NO A UN PATIO, Y VISITAS DE MEDIA HORA POR LOCUTORIO. Por ejemplo, en el módulo 1 E3, en Cruz del Eje, son vigiladxs por “Grupos tácticos especiales”.
Con estos anuncios se busca profundizar las formas que ya viene ejerciendo la provincia desde hace años y extendiendo su alcance, tratando de generar un escudo institucional ante futuras demandas y ante las observaciones/señalamientos/recomendaciones que viene haciendo reiteradamente el Comité Nacional contra la Tortura tras las inspecciones realizadas, dado que éstas características de encierro NO están amparadas por leyes nacionales e internacionales. Recordemos que desde el 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio paso a una cautelar en donde obliga al Estado Argentino a intervenir en la situación penitenciaria de la provincia por la violación de derechos humanos, desde hacinamiento hasta torturas y asesinatos dentro del sistema penitenciario. No podemos dejar de mencionar los casos de Ezequiel Castro y Matias Mariño, ambos torturados en el EP9 ¿No será que la construcción de esta cárcel gigante “de máxima seguridad” es una estrategia para intentar institucionalizar el maltrato y la tortura?
Córdoba es una de las provincias con mayor población de personas presas per cápita. Mientras la sobrepoblación carcelaria en Argentina, según el informe del Comite de Prevencion a la Tortura del año 2023, era de un 45% y en Córdoba era de un 60%. Los números hablan por sí solos.
Entonces parece que el gobierno provincial tiene tiempo y presupuesto para una cárcel de estas características, pero los problemas estructurales del sistema penitenciario son cada vez más agudos. Plata para una cárcel pero nada de construir más viviendas, escuelas y hospitales o de generar trabajo, o para resolver problemas muy básicos como la falta de agua, comida o camas en las cárceles ya existentes. Todo esto sin ocuparse del alto grado de corrupción y violencia en el servicio penitenciario.
A pesar de que Quinteros, Ministro de Seguridad de la Provincia, dio de baja la cúpula anterior del Sistema Penitenciario por la cantidad de corrupción que había, no dieron nunca respuestas reales a los problemas estructurales del Sistema Penitenciario, más bien se pretende trasladar la responsabilidad a la población penal.
Frente a esto el Poder Judicial ampara esta estructura cuando mira para otro lado ante las numerosas demandas que se vienen presentando para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. Hace años que se viene exigiendo al estado provincial y a su gobierno un trato humano con mejores condiciones de vida para las personas privadas de su libertad: mejor alimentación, atención de su salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, poder salir al patio a respirar aire fresco, poder recibir visitas de quienes no son familiares directos; todas condiciones mínimas para cualquier ser humano. Y TODO PREVISTO EN TRATADOS INTERNACIONALES DE DDHH QUE LA ARGENTINA HA FIRMADO.
Desde el Movimiento Carcelario vamos a seguir organizándonos, poniendo primero la solidaridad y la lucha porque las condiciones de las personas privadas de su libertad sean condiciones dignas para cualquier persona.
Abril del 2025, Córdoba
Movimiento Anticarcelario.